La transformación digital en México no sólo ha revolucionado la manera en que compramos, contratamos servicios o realizamos pagos. También ha exigido que nuestras instituciones jurídicas evolucionen para responder a un entorno donde la identidad y la voluntad se expresan mediante contraseñas, códigos de autenticación y huellas digitales que viajan por sistemas automatizados.
En ese contexto, la reciente tesis I.5o.C.202 C (11a.), publicada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, representa un punto de inflexión decisivo en la protección de los usuarios del comercio electrónico.
El criterio establece que, en una disputa por la nulidad de transacciones electrónicas no reconocidas, la carga de la prueba recae en el proveedor del servicio, y no en el usuario afectado.
Es decir, ya no se presume que la operación fue autorizada solo porque se realizó desde una cuenta registrada. Ahora, corresponde al proveedor demostrar que existió consentimiento válido mediante los mecanismos de autenticación acordados.
Este cambio responde a una realidad evidente que es el hecho de que los usuarios no tienen acceso a los registros técnicos que permitan saber quién, cuándo y cómo ejecutó una operación. Los proveedores, sí. Son ellos quienes administran las plataformas, gestionan las bases de datos, monitorean los accesos y conservan los metadatos.
Resulta lógico, entonces, que la ley les exija demostrar que una transacción fue legítima y no, producto de un error, un mal funcionamiento o incluso, un ciberataque.
Para las empresas de comercio electrónico, fintech y de servicios digitales, este precedente no debe interpretarse como una amenaza, sino como una llamada urgente a madurar sus protocolos tecnológicos y de gobernanza.
No basta con pedir una contraseña o enviar un código por SMS. La autenticación debe ser robusta, verificable y auditable. La trazabilidad de cada operación debe quedar documentada de manera irrefutable. Los registros deben ser conservados con estándares claros de integridad y protección.
Las compañías que no realicen esta modernización enfrentarán no sólo un mayor riesgo de litigio, sino consecuencias económicas y reputacionales. Una transacción declarada nula representa una pérdida inmediata; una brecha de confianza, una pérdida de largo plazo.
Este fallo, lejos de frenar la expansión del comercio digital, contribuye a fortalecerlo. Un ecosistema sano requiere confianza. Y la confianza se construye mediante transparencia, responsabilidad y protección efectiva al usuario.
México está trazando un camino propio en la regulación de la economía digital en el que la innovación no se contrapone con la defensa del consumidor, sino que la incorpora como pilar.
Quienes comprendan esta lógica y adapten sus procesos serán los protagonistas de la siguiente etapa de nuestro desarrollo digital. Quienes la ignoren, quedarán rezagados.