Lo ocurrido el pasado domingo 30 de noviembre con la fiesta clandestina es de suma preocupación. Y lo digo como padre, abuelo y ciudadano. La nota periodística expone lo sucedido en la madrugada del domingo en San Pedro: una fiesta clandestina con al menos 350 menores de edad, entre 14 y 17 años, dentro de un domicilio particular donde corrían alcohol, vapeadores, cigarros y posiblemente drogas, en la cual tuvo que intervenir la policía. Es imposible minimizar este hecho. Estamos frente a un caso que revela la falta de supervisión familiar de cientos de jóvenes, expuestos a entornos de riesgo.
Este no es un caso aislado. Es parte de un fenómeno que se ha extendido por todo el país: fiestas clandestinas masivas donde menores participan sin supervisión familiar, sin condiciones de seguridad y en entornos que combinan ilegalidad, riesgo y acceso temprano a sustancias. Por eso, lo primero que se debe reconocer es lo más incómodo: ningún menor de edad llega a un evento de estas dimensiones sin que exista una ausencia grave de supervisión en casa. La integridad de los hijos no se delega a la ubicación con un dispositivo móvil ni a un mensaje ocasional. Los padres deben saber con quién salen, a dónde van y en qué tipo de entorno estarán sus hijos. La familia es la primera protección. Cuando esa barrera falla, ninguna autoridad puede suplirla.
También nos corresponde cuestionar cómo un evento de 350 menores no fue detectado por el C4. ¿Acaso no revisan las cámaras de forma constante? ¿Cómo es que un flujo tan grande de jóvenes entrando y saliendo de una casa en una zona residencial no generó ninguna alerta? Finalmente, la intervención ocurrió gracias a los vecinos que ya no soportaban el volumen de la música.
Lo más preocupante es que este tipo de fiestas no son improvisadas ni espontáneas. Responden a un modus operandi que se repite en todo el país: casas, bodegas y quintas que se rentan por noche sin contratos formales; invitaciones que circulan en grupos de WhatsApp o redes sociales; cobro de cuotas conceptualizadas como donativos vía efectivo o transferencia; puntos de venta ilegales dentro de los eventos donde los jóvenes encuentran vapeadores, cigarros, bebidas o incluso sustancias ilícitas. En la mayoría de estos eventos, los menores no son sólo asistentes, sino el mercado objetivo al ver que son accesibles, desinformados y vulnerables. La presión social, la falta de supervisión familiar y la facilidad para ocultar estas actividades crean un mercado para oportunistas y, en algunos casos, para organizaciones criminales que convierten estas fiestas en espacios de captación y consumo.
Este tipo de casos no debe quedarse en una simple nota periodística, sino investigarse a fondo: ¿quién organizó la fiesta?, ¿quién vive o accedió a rentar ese inmueble?, ¿cómo fueron convocados los menores?, ¿cuántos eventos similares se han realizado en esas propiedades o por las mismas personas? El Código Penal de Nuevo León contempla delitos claros: corrupción de menores, venta clandestina de alcohol y, en caso de drogas o portación de armas, delitos federales.
Reconozco la determinación de la Policía de San Pedro por intervenir, pero llegaron tarde. San Pedro tiene capacidades tecnológicas e institucionales superiores a las de muchos municipios del país; por eso, la expectativa es más alta.
Como abuelo, quiero hablarles directamente a los padres: si no están al pendiente de sus hijos, nadie podrá hacerlo en su lugar. Ni los vecinos, ni la policía, ni la ciudad. Los valores y principios deben inculcarse en casa. Si abandonamos esa responsabilidad, dejamos a nuestros jóvenes expuestos a dinámicas que no están preparados para enfrentar, y serán presas fáciles.
Esto no fue una fiesta: fue la evidencia de una crisis que expone y pone en peligro a las juventudes. Celebro que la Fiscalía General del Estado esté investigando a fondo.