Cuando era niña, la Ciudad de México era tristemente célebre por ser una de las megalópolis más peligrosas y contaminadas del mundo. Se decía que viajar a la capital implicaba un riesgo tanto para la salud como para la seguridad. Sin embargo, a lo largo de las últimas tres décadas, las autoridades de los tres niveles de gobierno trabajaron de manera coordinada y con una inusual continuidad para enfrentar estos problemas.
Mientras esto ocurría en el centro del país, Monterrey, en la última década, ha adquirido la lamentable reputación de ser una de las ciudades más contaminadas de México y Latinoamérica.
Esta semana, en Nuevo León, diversas organizaciones ciudadanas, empresariales, activistas y profesionales de distintos sectores, incluyendo médicos, han convocado a una huelga digital, usando el lema #NLNoPuedeRespirarClaudia. Esta acción busca visibilizar ante la presidenta Claudia Sheinabum la preocupación por la salud de la población, que está seriamente amenazada por la alta concentración de contaminantes y partículas en el aire que respiramos diariamente, tanto en el área metropolitana como en municipios periféricos y rurales.
Pero, ¿por qué interpelar a la presidenta de la República para solucionar un problema local? Porque la regulación y mejora de la calidad del aire en México es responsabilidad compartida entre los tres niveles de gobierno: federal, estatal y municipal.
Aunque la coordinación entre estos actores debería facilitar la solución de problemas, en México suele convertirse en un obstáculo. Con demasiada frecuencia, las autoridades carecen de la motivación, la visión de largo plazo o la capacidad para construir políticas públicas efectivas y sostenibles.
Mientras los gobiernos retrasan la toma de decisiones, la población sigue sufriendo las consecuencias de un aire tóxico en más del 60% de los días del año. Por ello, aprovechando la visita de la presidenta Claudia Sheinbaum a Nuevo León, queremos recordarle su compromiso de campaña número 93: atender el problema de la contaminación atmosférica en las principales zonas metropolitanas del país, incluyendo Monterrey.
La federación podría comenzar revisando las normas que regulan la declaración de alertas atmosféricas, ajustándose a los estándares de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Asimismo, debería cumplir con la promesa pendiente de modernizar la refinería de Cadereyta e instalar los filtros necesarios para reducir sus emisiones contaminantes. También podría aumentar el presupuesto de la SEMARNAT y la PROFEPA para fortalecer la inspección de las empresas reguladas a nivel federal.
Además, es urgente corregir la injusticia de enviar a Nuevo León gasolinas de peor calidad que las distribuidas en la Ciudad de México y Guadalajara, un factor clave en la crisis ambiental que enfrentamos.
Finalmente, es imprescindible actualizar el Protocolo de Respuesta a Contingencias Atmosféricas (PRCA) para que el gobierno estatal asuma su responsabilidad de declarar alertas cuando las condiciones lo ameriten.
Si estas acciones se implementan antes de que termine 2025, la calidad del aire en Monterrey mejoraría notablemente en poco tiempo. Sin embargo, no se estaría resolviendo el problema de fondo.
Para lograr un aire verdaderamente limpio y reducir las afectaciones a la salud de manera sostenible, es necesario replantear nuestro modelo de desarrollo urbano.
Monterrey, al igual que la Ciudad de México, ha crecido de manera descontrolada y horizontal, generando graves problemas colaterales. La falta de un sistema de transporte eficiente, que incluya un metro y autobuses adecuados, junto con la ausencia de infraestructura para peatones y ciclistas, perpetúa la dependencia del automóvil privado. Somos una de las ciudades más motorizadas de México y de América Latina.
Por otra parte, la deforestación y urbanización descontrolada han provocado una severa erosión del suelo, lo que contribuye significativamente a las concentraciones de PM10. Además, aunque nuestro estado es uno de los más industrializados del país, no todas las empresas han regulado adecuadamente sus emisiones, agravando la crisis de contaminación.
Esta semana, la sociedad civil levanta la voz ante la Presidenta para que escuche de primera mano la preocupación de los nuevoleoneses. Sin embargo, no podemos perder de vista que la solución también depende de la acción del Gobernador y los alcaldes, y de la participación y colaboración del sector privado y ciudadanos en general.
Es imprescindible que nuestras autoridades asuman su responsabilidad legal y trabajen en conjunto para implementar soluciones coordinadas y sostenibles. Cada día que pasa nos cobra vidas, aminora nuestra salud, reduce nuestra calidad y nuestra esperanza de vida.