Nuevo León, especialmente la Zona Metropolitana de Monterrey, enfrenta una crisis de movilidad que impacta en el presente y pone en riesgo el futuro de la ciudadanía. El tráfico se ha convertido en un obstáculo diario para miles de ciudadanos que ven afectada su calidad de vida, su productividad y hasta su seguridad.
La ciudad de Monterrey encabeza la lista de municipios con mayor número de choques por alcance en el país. Tan solo en 2024, se registraron más de 55,000 accidentes viales, y uno de cada tres correspondió a colisiones menores que, de manejarse adecuadamente, podrían resolverse sin afectar a la ciudadanía.
Pero cuando no hay soluciones rápidas y eficaces, los problemas se agravan. Miles de conductores quedan atrapados en el tráfico por incidentes menores que terminan convirtiéndose en embotellamientos kilométricos, afectando a quienes van al trabajo, llevan a sus hijos a la escuela o simplemente intentan cumplir con su día a día, para llegar a casa. Esto no solo genera estrés y retrasos, sino también un impacto ambiental considerable por el aumento en la emisión de contaminantes.
En febrero de 2024, ante esta problemática, presenté una propuesta de reforma al artículo 140 del Reglamento de Tránsito y Vialidad en el marco de una consulta ciudadana en Monterrey. La iniciativa plantea una solución sencilla pero efectiva: permitir que, en caso de accidentes menores, los vehículos puedan moverse antes de la llegada de las autoridades, siempre que no haya daños a bienes públicos ni personas bajo los efectos del alcohol o drogas. Se trata de una medida lógica y necesaria para evitar congestionamientos innecesarios.
Sin embargo, la respuesta del gobierno de Movimiento Ciudadano no fue inmediata. Tuvo que llegar el alcalde Adrián de la Garza, para tomar la propuesta con el objetivo de agilizar el tráfico.
Este es el punto central, no se puede gobernar desde la indiferencia ni con excusas. Los problemas de movilidad requieren liderazgo, responsabilidad y acción. No basta con reconocer que hay un problema, hay que dar soluciones concretas.
Por eso, celebro que la iniciativa esté avanzando y que otros municipios metropolitanos también se sumen a esta reforma en sus reglamentos de tránsito. Es un paso en la dirección correcta, pero no es suficiente. La movilidad sostenible y segura no es un lujo, es un derecho de todos.
Desde mi posición como diputada, seguiré impulsando cambios que faciliten la vida de las familias. En breve, presentaré una reforma a la Ley de Movilidad Sostenible y Seguridad Vial para que los municipios tengan la facultad de adaptar sus reglamentos y garantizar soluciones más ágiles en caso de accidentes menores.
La movilidad no puede seguir siendo un problema eterno. Es momento de actuar con responsabilidad y dar resultados. Esa es la diferencia entre la política lejana y la que verdaderamente trabaja por la gente.