San Fernando, Ayotzinapa y Teuchitlán pequeñas localidades pérdidas en la geografía mexicana como muchas otras que viven en el rezago social y que por desgracia también como muchas otras fueron conocidas por quienes ignorábamos su existencia, así como por el resto del mundo cuando el olor a muerte y el dolor de quienes perdieron a un ser querido fueron insostenibles, cuerpos desmembrados y sacrificados a manos del crimen organizado empezaron a emerger de la tierra, salieron del silencio con el que los criminales y las autoridades pretendieron mantener echando paladas de tierra y volteando la mirada.
El horror y la miseria humana a causa del crimen organizado gritan pidiendo auxilio a un gobierno que bajo cualquier perspectiva ha sido cómplice, por omisión o por acción han incumplido con su obligación, brindar seguridad física, salvaguardar la vida humana y evitar la comisión de delitos, los tres niveles de gobierno son responsables.
Hace días que salió a la luz pública el caso de Teuchitlán, Jalisco, en un inmueble bautizado como rancho Izaguirre convertido en campo de concentración, entrenamiento y exterminio a manos del narcotráfico en el que mujeres y hombres fueron deshumanizados para servir como sicarios, trabajadoras sexuales o bien para terminar sus días por venganza o castigo en un crematorio clandestino.
Un lugar maldito descubierto por una víctima que escapo de ese infierno para contar lo que ahí sucedía desde hace mucho tiempo, estas revelaciones salieron a la luz pública y desde ese entonces las autoridades preocupadas por lavar su cara y no por el horror
descubierto, han buscado entre ellas quien es la menos culpable o las más responsable de no haber detenido a quienes ahí cometían esos crímenes, buscan como siempre el menor daño mediático y el menor costo político, como si estuvieran hablando de mercancías y no de vidas apagadas, arrebatadas de las formas más crueles, practicas salvajes.
El discurso y las acciones del gobierno federal como respuesta se han centrado en determinar si la desgracia, la tragedia y el horror son responsabilidad del gobierno estatal o federal, de este sexenio o de aquellos del neoliberalismo, como si eso devolviera la vida a quienes ahí fueron torturados y muertos, como si eso sirviera de consuelo a quienes ahí encontraron un par de tenis o una prenda de vestir con la que vieron por última vez con vida a un hijo o una hija.
Estúpido e inhumano que esa sea la discusión con la que evaden su responsabilidad, si fue ayer o hace unos años, quien hoy está al mando debe asumir la responsabilidad de buscar, perseguir y castigar a quienes cometieron estos actos, a los que lo hicieron y a los que lo permitieron, son igual de criminales.
La angustia de los buscadores termina con la digna sepultura de sus seres queridos y la cárcel de sus asesinos. Para alcanzar la paz hay que librar la guerra.