Las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPyMEs) son mucho más que estadísticas, son el rostro humano de nuestra economía. Son las papelerías, talleres, panaderías y negocios familiares que dan vida a nuestras colonias y sostienen a millones de familias mexicanas. Representan el 99% del tejido empresarial del país y generan más de la mitad del PIB, así como 7 de cada 10 empleos. Pero a pesar de su importancia, enfrentan enormes barreras para sobrevivir y crecer.
Una de las más graves es la morosidad en los pagos. Muchas MiPyMEs deben esperar hasta 420 días para recibir el pago por sus servicios o productos. Esto no solo les resta liquidez, sino que también las convierte, injustamente, en una fuente de crédito gratuito para grandes compradores. Esta práctica precariza su operación, afecta empleos y debilita la economía local.
Por eso, presenté dos iniciativas de reforma: una a nivel federal, a la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de las MiPyMEs, y otra en el ámbito estatal, a la Ley de Fomento a las MiPyMEs de Nuevo León. Ambas buscan establecer un plazo máximo de 60 días para liquidar adeudos, prorrogable solo en casos excepcionales hasta 90 días. Ya fueron aprobadas en comisiones y están listas para ser votadas en el Pleno.
Esta propuesta no es solo técnica, es un acto de justicia. Garantizar pagos oportunos significa proteger empleos, reducir la informalidad y fortalecer el tejido social. Significa poner en el centro a las empresas locales, que generan desarrollo desde lo más cercano: nuestras comunidades.
En un contexto global incierto, con riesgos como la imposición de aranceles, debemos priorizar nuestra economía interna. Apoyar a las MiPyMEs es construir un México más fuerte, justo e igualitario desde abajo, con bases sólidas y con oportunidades para todos.
Las MiPyMEs no piden privilegios, solo condiciones justas para competir y crecer. Con estas reformas, estamos dando ese paso.