Cada 30 de abril en México conmemoramos el Día del Niño, una fecha que, más allá de los festejos, debe ser un recordatorio de los derechos vulnerados de miles de niñas, niños y adolescentes. Aunque el país cuenta con un sólido marco jurídico —como la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, así como la ley estatal en la materia—, persisten desafíos que debemos enfrentar juntos como sociedad, tales como la pobreza, la violencia, la migración, el trabajo infantil y la falta de acceso a una educación de calidad.
UNICEF México ha señalado que invertir en la niñez no solo es un imperativo moral, sino también la estrategia más inteligente para romper los ciclos de pobreza y desigualdad que afectan a millones de menores en todo el mundo.
Como legisladores, una de nuestras prioridades es garantizar un marco jurídico que respalde su desarrollo integral, así como su seguridad física y patrimonial.
Sin embargo, la realidad que prevalece va más allá del trabajo legislativo, y constantemente vemos a niñas y niños en calles y plazas trabajando para llevar un ingreso a sus hogares.
De acuerdo con el INEGI, en 2021 Nuevo León era el octavo estado con mayor población de niñas, niños y adolescentes en el país. Además, en 2024, fue el cuarto estado con mayor número de víctimas de homicidio con armas de fuego en este grupo de edad.
Lamentablemente, persisten casos de feminicidios de niñas y adolescentes, de menores de edad desaparecidos y no localizados, así como de abuso y violencia sexual. Ninguna ley, por perfecta que sea, puede garantizar los derechos de nuestra niñez si no se involucra toda la sociedad.
El interés superior de la niñez está plasmado en la Constitución federal y en la local. Si bien se han dado pasos importantes en materia de derechos infantiles, aún queda mucho trabajo por hacer.
En el Congreso del Estado estamos comprometidos con nuestras niñas, niños y adolescentes, y constantemente revisamos el marco jurídico para mejorar su calidad de vida.
Sin embargo, es urgente que los otros poderes, las organizaciones de la sociedad civil y la ciudadanía en general se sumen a estructurar y fortalecer políticas públicas que beneficien a toda la población infantil de Nuevo León.
Hoy más que nunca, es momento de proteger a nuestra niñez no solo en el discurso, sino en cada política pública, en cada decisión de gobierno y en cada acto ciudadano. Construir un Nuevo León más justo, más seguro y más humano empieza por garantizar a nuestras niñas, niños y adolescentes una vida digna, libre de violencia y llena de oportunidades. No podemos fallarles.