Cada seis años, los ciudadanos acudimos a las urnas con la esperanza de que ese pequeño acto —marcar un papel y depositarlo en una caja— transforme las realidades que nos afectan.
En Nuevo León, los últimos dos sexenios han reflejado ese deseo de cambio. En 2015 elegimos al primer gobernador independiente del país; en 2021, al más joven de nuestra historia. En ambos casos, el voto pareció más un castigo a lo anterior que una apuesta por un proyecto sólido de futuro. Cuando no vimos consecuencias reales para presuntos actos de corrupción, optamos por Jaime Rodríguez. Luego elegimos a Samuel García, quien tampoco logró una sentencia ni una reparación significativa del daño a la sociedad de su antecesor.
En 2027, volveremos a votar. Y veremos cuál será el destino político del actual gobernador y cómo decidirá la ciudadanía premiar o castigar su gestión.
Uno de los temas que más ha golpeado la calidad de vida en nuestro estado es la crisis de movilidad. Desde el sexenio de Jaime Rodríguez, la situación se ha deteriorado visiblemente, y entre 2021 y 2024 los tiempos de traslado aumentaron considerablemente —para automovilistas y, sobre todo, para usuarios del transporte público.
Durante su campaña, Samuel García prometió transformar el sistema de transporte: nuevas líneas de metro, semáforos inteligentes, renovación de unidades y todo sin aumentar tarifas, gracias a una reestructuración eficiente de rutas y servicios. Sonaba bien. Pero tres años después, aunque hay nuevas unidades más modernas y ya vemos columnas del Metro en construcción, la realidad diaria de millones de personas sigue siendo la misma: largos traslados, esperas eternas y embotellamientos sin tregua. Entre el 2018 y el 2024,los tiempos de traslado en promedio en nuestro estado se incrementaron en casi 48%, afectando tanto a automovilistas (38%) y en mayor medida a los usuarios de transporte público (71%).
Desde el inicio de esta administración hubo señales preocupantes: se nombraron personas sin experiencia en movilidad para liderar decisiones clave que involucraron miles de millones de pesos, sin una hoja de ruta clara; faltó transparencia, no hubo rendición de cuentas —por ejemplo, en los contratos de arrendamiento de las unidades— ni se mostró disposición a corregir errores.
Además, la gobernanza de los órganos responsables del transporte sigue sin funcionar adecuadamente. Los usuarios han pagado las consecuencias: no sólo en tiempo y calidad de vida, sino también en su bolsillo. Hoy, el transporte cuesta más, pero no es claro que el servicio haya mejorado proporcionalmente. ¿Perciben los usuarios un cambio positivo acorde al aumento de tarifas?
Ya se confirmó lo que muchos temíamos desde 2021: las nuevas líneas de monorriel no estarán listas para 2027. Mientras tanto, el día a día de quienes dependen del transporte público no ha cambiado: largas filas, unidades llenas, retrasos constantes, y cada año se pierde más tiempo en traslados que limitan el desarrollo personal, familiar y laboral. La diferencia es que ahora, además, cuesta más caro.
En los próximos días, la Junta de Gobierno del Instituto de Movilidad debería sesionar. Ahí se deberá rendir cuentas sobre temas fundamentales: el estatus de entrega de 1,500 nuevas unidades arrendadas, la situación de 806 autobuses que no cumplen con estándares mínimos, auditorías al sistema de cobro electrónico, reglas claras para los subsidios dirigidos a personas de bajos ingresos, y el avance real del plan de desarrollo del sistema de transporte a cinco años. La Junta había acordado que, si no se presentaban avances e información mensual clara, se detendría el desliz mensual de las tarifas.
Pero más allá de cifras e informes, lo que realmente estará en evaluación es si este gobierno aún tiene la capacidad —y la voluntad— de cumplir su promesa de arreglar el sistema de transporte. A más de la mitad del sexenio, ya es posible tener una idea clara de si esta administración avanzará hacia el cumplimiento de esa promesa… o no.