En días recientes, se volvió viral una joven que denunciaba que en un hospital privado de Monterrey no la dejaban salir de su hospitalización, además de que le pretendían cobrar medicamentos a precios injustificables.
La situación de esta joven es un ejemplo más de como ciertos hospitales privados llevan a cabo abusos en contra de sus pacientes con total impunidad.
Una situación similar enfrentan adultos mayores, quienes han denunciado, en el marco de la discusión de mi iniciativa “Seguros Justos”, que es habitual que exista una “inflación médica internacional”, superior a la inflación que experimenta el país y que muchas veces es injustificada. Además, aseguran que hay otras prácticas abusivas en hospitales privados, donde se prioriza conocer si el paciente tiene seguro antes de atenderlo, y donde se manipulan las rutas de atención dependiendo de la cobertura.
Hasta ahora, la discusión sobre la iniciativa de “Seguros Justos”, que tiene como objetivo limitar los incrementos de la prima de los Seguros de Gastos Médicos Mayores en personas de 60 años y más, así como estudios actuariales para definir el riesgo individual de cada asegurado, ha reunido a actores del sector.
La Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros aceptó participar en un parlamento abierto en el Senado, con todas las críticas y diferencias que ello conlleva. Sin embargo, la Asociación de Hospitales Privados se ha negado a acudir.
Ante la situación que la joven ha denunciado de forma valiente, me permite deducir que los abusos reportados en el marco de la iniciativa no son excepciones, sino una generalidad indefendible.
Desde el inicio he dicho que no se trata de satanizar a todo el sector, ni de desconocer que los hospitales privados cumplen un papel importante en la atención médica de millones de mexicanos.
Sino que estas problemáticas demuestran la necesidad de que el Estado tenga herramientas para que el derecho a la salud no se convierta en una mercancía sin ningún tipo de regulación en detrimento de las y los mexicanos.
Es necesario, creo, que las autoridades correspondientes vigilen exhaustivamente a los hospitales privados y garanticen que se cumplan con rigor las leyes que regulan su actuar.
Por ejemplo, la Ley Federal de Protección al Consumidor, en su artículo 7 Bis establece que, al contratar un servicio, el ciudadano debe conocer el precio exacto de lo que se le cobrará.
Mi compromiso, como Senador de la República, es defender a los ciudadanos frente a abusos evidentes.
Lo he dicho siempre: la salud no es un negocio: es un derecho, y mi deber es garantizar que así sea.