De acuerdo al Censo de Población y Vivienda que en el año 2020 levantó en Nuevo León el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el 14 por ciento de los habitantes, es decir, 806 mil 079 personas, presentan algún tipo de discapacidad que implica una situación adversa para poder desplazarse.
En la mayoría de los espacios públicos, e incluso privados, se carece de una infraestructura urbana para atender a las personas con discapacidad, principalmente la motriz, que permita ayudarles a atender sus necesidades.
Aunque en algunos edificios públicos y privados, es decir, comercios, restaurantes, escuelas, oficinas gubernamentales, cines, bibliotecas, entre otros, ya se han instalado rampas de acceso y estacionamientos exclusivos para estas personas, estas adecuaciones aún son insuficientes.
A esto se le añade que, en algunos casos, los espacios de estacionamiento para personas con discapacidad, en sitios privados y públicos, son invadidos deliberadamente por sujetos que no les importa respetar las normas, argumentando que no se van a tardar y que no afectan a nadie.
Afortunadamente, existen mecanismos de sanción para quienes a conciencia invaden estos cajones de estacionamiento, que están diseñados para atender las necesidades de estas personas con discapacidad, que son espacios más amplios y están cerca de las puertas de acceso de los establecimientos.
Las multas que se aplican por parte de las autoridades municipales a los invasores de estos espacios son elevadas y no son opción de obtener un descuento y menos cancelarlas.
Ante esta circunstancia es que, junto con la diputada Cecilia Robledo y los legisladores Mauro Guerra Villarreal e Ignacio Castellanos, presentamos una propuesta de reforma a la Ley de Hacienda de los Municipios, para que los recursos que se recauden por estas multas se destinen a mejorar la infraestructura urbana de los espacios públicos que atienden las necesidades de las personas con discapacidad.
La iniciativa, que está en estudio en la Comisión de Presupuesto, contempla en un artículo nuevo que los municipios destinarán los ingresos percibidos por concepto de multas impuestas por el uso indebido de espacios destinados a personas con discapacidad a mejorar y construir infraestructura para la accesibilidad de personas con discapacidad.