La historia nos ha enseñado que las grandes crisis no nacen sólo de la falta de recursos o de liderazgo, sino de la ausencia de principios.
Después de reflexionar sobre el civismo y el riesgo del hombre-masa dominado por la desinformación, resulta inevitable abordar la raíz del fondo: la confusión entre moral y ética en la vida pública.
Porque en los tiempos que corren, donde la emoción se impone sobre la razón y el aplauso vale más que la coherencia, decidir desde la moral se ha vuelto más fácil que decidir desde la ética.
La moral responde a las costumbres que los mismos grupos aprueban o condenan según el momento; se ajusta, se acomoda y cambia con el contexto social. La ética, en cambio, es el conjunto de principios que permanecen, aun cuando nadie nos mire.
La moral busca aceptación, la ética es por convicción. Y esa diferencia marca el límite entre el político que calcula y el servidor público que reflexiona. Decidir con moral es preguntar “qué dirán”; decidir con ética es preguntarse “qué es lo correcto”.
La moral se mueve con el aplausómetro de las mayorías; la ética se fortalece con la fuerza silenciosa de la conciencia. Por eso las sociedades que actúan sólo desde la moral terminan rehenes de la conveniencia colectiva, incapaces de corregir el rumbo cuando lo que es popular no es justo.
En la era del hombre-masa y la era de la desinformación, como advertían Ortega y Sartori, esta confusión se multiplica. La opinión digital dicta sentencias morales en segundos; los algoritmos afaman la indignación como virtud; y la ética, lenta pero reflexiva, queda fuera de escena.
El político o el ciudadano que busca actuar con ética, en vez de seguir la ola, es tachado de tibio o elitista. Pero es precisamente esa fortaleza (la de sostener principios sin rendirse ante los prejuicios) lo que mantiene viva la democracia.
El civismo del que hemos hablado antes necesita hoy de esa ética como cimiento. Sin ella, el civismo se vuelve una formalidad vacía. Cumplir la ley no basta si se hace sin convicción; respetar al otro no alcanza si es por temor al castigo y no por reconocimiento de su dignidad.
La ética, cuyo fundador fue Aristóteles en su obra Ética a Nicómaco, no sólo define lo que debemos hacer, sino por qué lo hacemos. Y esa pregunta es en realidad profundamente política. Luis Villoro en su libro El poder y el valor decía que el poder sólo tiene legitimidad cuando se somete a un sistema de valores que lo oriente hacia el bien común. Y que el poder sin ética degenera en dominio; la ética sin poder, en impotencia.
En palabras más, palabras menos: la virtud pública no consiste en renunciar al poder, sino en ejercerlo con sentido de justicia. Ese equilibrio entre eficacia y principio es el que distingue a los verdaderos servidores.
México no necesita más discursos morales ni más juicios mediáticos. Necesita decisiones éticas: políticas públicas que partan del bien común y no del cálculo electoral; justicia que no busque culpables convenientes, sino verdades difíciles; políticos que comprendan que el poder no es un premio, sino una responsabilidad y que sus decisiones afectarán o beneficiarán a quienes les dieron su voto de confianza.
Decidir desde la ética es, finalmente, un acto de valentía. Es poner la conciencia por encima de la conveniencia, la verdad por encima del consenso y el deber por encima del deseo. Porque como ciudadanos, funcionarios, sociedad, no seremos medidos por lo que fue aceptado en nuestro tiempo, sino por lo que fue correcto y por los resultados que dimos, aunque nadie los aplaudiera.