Hay un debate en México respecto del régimen político en el que actualmente vivimos. En un extremo, hay quienes dicen que seguimos siendo una democracia, mientras que en el otro, afirman que ya nos encontramos en una dictadura. Sin embargo, la realidad —siempre más compleja— se encuentra un tanto en medio.
Le llaman “autoritarismo competitivo”, término acuñado por los académicos estadounidenses Steven Levitsky y Lucan Way para analizar mejor las derivas autoritarias en el mundo. Países como Hungría, Venezuela y Estados Unidos entran en ese concepto. México, ciertamente, también. Estos son regímenes en los que los gobernantes abusan de su poder, castigan a sus críticos e inclinan la cancha del juego democrático a su favor. Ni el gobierno ni sus aliados rinden cuentas, mientras purgan las instituciones del Estado para dejarlas sin personal o para llenarlas de sus fieles. Y, sin embargo, sigue habiendo canales para que la oposición pueda manifestar su inconformidad. Mucho más angostos que en las democracias, pero mucho más amplios que en las dictaduras.
No hay tanques en las calles del país y, no obstante, el régimen democrático que habíamos construido ha sido desmantelado. Las innumerables políticas que han debilitado al Estado mexicano son pruebas irrefutables en ese sentido: la captura del Poder Judicial, la cooptación y la destrucción de organismos constitucionales autónomos, y el menoscabo evidente de servicios burocráticos fundamentales, como el diplomático y el electoral, son solo algunos ejemplos. Por otra parte, el Tribunal Electoral y el INE han sido capturados y tenemos una sobrerrepresentación legislativa ilegal del 20%. El partido en el poder intenta tapar las grietas mediante programas sociales altamente clientelares, aunque los daños estructurales son cada vez más visibles. Prueba de ello es que en 2025 crecimos apenas 0,79 %.
Y, sin embargo, se puede ganar terreno porque no se cierran por completo los canales a la oposición, una característica clave en los regímenes autoritarios competitivos. En Polonia hubo un giro autoritario durante ocho años bajo el gobierno de Ley y Justicia (2015 – 2023), hasta que la oposición —gracias a una amplia coalición— ganó las elecciones. Sin embargo, le ha resultado muy difícil deshacer las estructuras de complicidad dejadas por el régimen anterior. En México, Morena no ganó los municipios más importantes de Durango y perdió varios otros en Veracruz en las elecciones de 2025. Un factor que impulsa la agenda autocrática son los altos niveles de popularidad de los liderazgos políticos. Sin embargo, que la presidenta Claudia Sheinbaum mantenga esos niveles en un contexto de falta de control partidista y de divisiones internas no le favorece. Tampoco le favorece depender de dos partidos políticos que, aunque sumamente transaccionales, temen ser absorbidos por Morena. Lo mismo ocurre ante el contexto económico y fiscal del país.
No hay que ser fatalista, pero tampoco complaciente, dicen los autores. Un fatalista cree que no hay futuro democrático, mientras que a un complaciente le resulta inimaginable la muerte de la democracia. Por lo pronto, del futuro de la reforma electoral propuesta por Morena —la cual tiene como fin cerrar aún más los canales para la oposición— dependerá de si se profundiza aún más nuestro nuevo régimen autoritario competitivo.
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