En los últimos años, la política mexicana se ha infectado de una herramienta ilegal e inmoral, profundamente corrosiva: la guerra sucia y la proliferación de las noticias falsas.
La guerra sucia son campañas orquestadas que tienen el único objetivo de destruir reputaciones, manipular la opinión pública y distorsionar la verdad mediante mentiras, redes de bots y desinformación. Su impacto se intensifica especialmente en los procesos electorales, donde el objetivo es claro: engañar a la ciudadanía para influir en sus decisiones.
Hoy más que nunca, es evidente la necesidad de regular estas prácticas. Muchas de estas operaciones funcionan como verdaderas agencias de propaganda, disfrazadas de medios de comunicación, que erosionan la confianza pública y degradan nuestra democracia. No hablo desde la teoría, sino desde la experiencia personal. Fui víctima directa de estos montajes en pleno proceso electoral, en un momento en el que lo que estaba en juego no era sólo una candidatura, sino mi nombre, mi familia y mi integridad.
Es conocido que diversos actores políticos recurren a estas estrategias. En mi caso, enfrenté una embestida que incluyó un montaje desde la Fiscalía, en el que se me involucró falsamente en una denuncia de violencia sexual. A ello se sumó una inversión millonaria en portales digitales y redes sociales para amplificar los señalamientos en mi contra, justo en los días previos al cierre de campañas. No fue un hecho aislado, sino parte de un clima político en Nuevo León marcado por la polarización y el uso sistemático de ataques mediáticos.
Sin embargo, decidí no quedarme callado. Tras una serie de investigaciones que permitieron identificar a la responsable intelectual de este montaje, emprendí un proceso legal con el objetivo de sentar un precedente. Logramos que un juez federal la vinculara a proceso por los delitos de extorsión y falsedad en declaraciones. Este hecho no sólo reivindica mi caso, sino que marca un antes y un después en la lucha contra la guerra sucia electoral en nuestro país.
No podemos, ni debemos, normalizar estas prácticas. La política no puede convertirse en un espacio donde todo se vale. Las elecciones se ganan en la calle, convenciendo a la gente; en los debates públicos, con ideas; y en las urnas, con votos. No se ganan con montajes ni chantajes.
Por ello, tras haber sido víctima de una denuncia fabricada, presenté una iniciativa de ley que busca castigar con mayor severidad la calumnia en el ámbito político. Propongo que quienes fabriquen delitos con fines electorales sean inhabilitados de manera permanente para contender por cargos públicos, además de imponer sanciones económicas a los partidos que respalden o toleren estas conductas.
Defender la verdad no es un acto de conveniencia política, es una obligación democrática. México merece una política a la altura de su gente: honesta, transparente y basada en ideas, no en mentiras.