Fundador de RegioPoder
Hay temas en la vida pública de un estado que no admiten ambigüedades. Situaciones en los que la discusión deja de ser opcional y se convierte en una obligación. Hoy, en Nuevo León, una de ellas tiene nombre: transparencia.
Durante los últimos meses hemos sido testigos de un proceso que, más allá de lo técnico o lo legislativo, revela algo más profundo: una desconexión entre el marco jurídico nacional y la capacidad del orden local para responder de manera oportuna y adecuada. No se trata únicamente de una reforma pendiente. Se trata de una omisión que ya ha sido señalada por el máximo tribunal del país y que hoy coloca al estado en una posición de incertidumbre institucional.
La transparencia no es un concepto abstracto. Es la base sobre la cual se construye la confianza entre ciudadanos e instituciones. Es el mecanismo que permite entender cómo se toman decisiones, cómo se ejerce el gasto público y, sobre todo, cómo se rinde cuentas a la sociedad.
Cuando ese mecanismo se debilita o se retrasa, no solo se afecta el funcionamiento del gobierno. Se erosiona algo más importante: la certeza de que las reglas son claras y de que se aplican por igual.
Hoy, Nuevo León enfrenta ese riesgo.
El rezago en la adecuación de la legislación local frente al marco federal vigente ha generado un escenario en el que las reglas operan en transición, debilitando la certeza jurídica en materia de transparencia. Un sistema que sigue funcionando, pero bajo condiciones que ya no responden completamente a la realidad normativa del país. En ese contexto, tanto ciudadanos como instituciones se ven obligados a navegar en un entorno donde la claridad jurídica no es absoluta.
Este no es un problema menor. Es una señal de alerta.
Porque la fortaleza de un estado no se mide únicamente por su crecimiento económico o su capacidad productiva, sino también por la solidez de sus instituciones y la confianza que generan.
Y esa confianza se construye —inevitablemente— a través de la transparencia.
Frente a este escenario, es importante tener claridad: el tiempo existe, pero no es infinito. El mandato es claro y el margen para la inacción es cada vez menor. Lo que está en juego no es únicamente el cumplimiento de una obligación legal, sino la oportunidad de fortalecer el modelo institucional bajo el cual operará el estado en los próximos años.
No se trata de legislar por cumplir. Se trata de hacerlo bien.
De construir un marco que no solo atienda los mínimos establecidos a nivel federal, sino que responda a la realidad de Nuevo León y a las expectativas de una ciudadanía cada vez más informada, más exigente y más consciente de su papel en la vida pública.
Ese es el verdadero desafío.
Pero también es, como se ha dicho en otras ocasiones, una oportunidad.
Una oportunidad para dejar atrás inercias, para elevar el estándar institucional y demostrar que es posible construir soluciones que estén a la altura de lo que Nuevo León representa.
Ahora bien, este no es un tema exclusivo de los legisladores ni de los actores políticos. Es, en esencia, un tema de corresponsabilidad.
Como sociedad, durante mucho tiempo hemos señalado lo que no funciona. Hemos identificado los problemas, los hemos discutido y, en muchos casos, los hemos normalizado. Hoy, el reto es distinto.
Hoy, el reto es involucrarnos. En ese sentido, en nuestra iniciativa de RegioPoder planteamos la incorporación de la ciudadanía en el Consejo de Transparencia como un elemento central del nuevo modelo institucional.
Entender que los temas importantes —los que realmente definen el rumbo de un estado— requieren tiempo, atención y participación. Que no basta con observar el proceso desde fuera, sino que es necesario acompañarlo, exigirlo y darle seguimiento.
Porque cuando la sociedad se mantiene al margen, los temas relevantes tienden a diluirse en la agenda pública. Y cuando eso ocurre, lo urgente desplaza a lo importante.
La transparencia no puede ser uno de esos temas.
Nuevo León ha demostrado, a lo largo de su historia, que es capaz de construir instituciones sólidas cuando existe visión y voluntad. Hoy, esa capacidad vuelve a ponerse a prueba.
La diferencia, como siempre, estará en el nivel de involucramiento de su gente.
Porque al final, la transparencia no es solo una obligación del gobierno.
Es un derecho de la ciudadanía. Y también, una responsabilidad compartida.
Nota editorial
El proceso de armonización de la legislación local en materia de transparencia deriva de una resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que vinculó al Congreso del Estado a adecuar su marco jurídico conforme a las leyes generales vigentes.
El plazo establecido no corresponde a una fecha específica, sino al periodo ordinario de sesiones que inicie con posterioridad a la notificación formal de la sentencia. En términos prácticos, esto implica que el Congreso de Nuevo León deberá atender esta obligación a más tardar entre septiembre y diciembre de 2026.
Sin embargo, es importante precisar que la legislación puede discutirse y aprobarse antes de ese plazo, ya sea mediante un periodo extraordinario o al inicio del siguiente periodo ordinario. El tiempo legal existe; el reto es la voluntad para utilizarlo.
Este escenario refuerza la importancia de que, como sociedad, se dé seguimiento a los temas estructurales y se les dedique el tiempo que requieren. La transparencia no es un asunto accesorio dentro de la agenda pública: es uno de los pilares sobre los cuales se sostiene la confianza institucional.