Ayer mostramos un gran avance en la Comisión de Medio Ambiente del Congreso de Nuevo León, donde logramos impulsar un dictamen para reformar la Ley Ambiental del Estado. Desde mi punto de vista, no se trata de un ajuste menor: incorporar la obligación de emitir y difundir alertas ambientales en medios de comunicación representa un cambio de fondo en la manera en que se entiende la gestión pública del aire.
La ley deja de ser un instrumento técnico limitado a la medición, para convertirse en una herramienta activa de prevención y protección ciudadana.
Durante mucho tiempo, la legislación ambiental en Nuevo León ha carecido de mecanismos efectivos para acercar la información a la gente. Se han generado datos, índices y reportes, pero estos rara vez llegan de forma clara y oportuna a la población.
Por eso considero que esta reforma es relevante: reconoce que informar también es gobernar, y que sin comunicación no hay política ambiental que realmente funcione.
No puedo dejar de pensar en la responsabilidad que tiene el gobierno frente a la salud de las personas. Garantizar un entorno sano no es opcional, es una obligación básica. Sin embargo, en Nuevo León hemos visto cómo, frente a episodios críticos de contaminación, la respuesta institucional ha sido lenta, limitada o incluso omisa.
La falta de alertas oportunas ha dejado a miles de personas expuestas sin saberlo, especialmente a niñas, niños, adultos mayores y quienes padecen enfermedades respiratorias.
Desde mi perspectiva, esta omisión no es menor. Cuando no se informa, se niega a la ciudadanía la posibilidad de cuidarse. Y eso, en términos de salud pública, tiene consecuencias reales. Y aunque es su responsabilidad, ahora buscamos la obligatoriedad.
Además de esto, avanzaremos poner en la ley la obligación de que el Estado, después de cada alerta ambiental, tenga máximo un mes para la publicación de un documento donde explique cuales fueron las acciones que realizaron durante ese tiempo, con métricas, y saber si en verdad se está cuidando nuestra salud y medio ambiente.
Al final, creo que esta reforma abre una oportunidad importante, pero también plantea un reto: que no se quede en el papel. De nada servirá modificar la ley si no existe voluntad para aplicarla con rigor y transparencia.
Yo veo en este momento una posibilidad de corregir el rumbo, de asumir que la información puede salvar vidas y de construir una relación más honesta entre gobierno y sociedad. Porque respirar aire limpio debería ser un derecho, no una incertidumbre cotidiana.