Durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, el expresidente hizo en repetidas ocasiones pronunciamientos en torno a la corrupción que fueron duramente criticados por políticamente incorrectos. Entre ellos, uno que incomodó especialmente: “Estoy convencido de que el problema que tenemos para enfrentar la corrupción parte, primero de reconocer que es una debilidad de orden cultural”.
Viene a colación la frase porque, como los cangrejos, parece que vamos para atrás. Como sociedad hemos dejado de reconocer lo evidente: la cultura de la corrupción sigue asociada al “éxito” de muchos. Desde quienes “ganan” una licitación pública millonaria, hasta los que evaden una multa de tránsito. Hay de todo en la viña del Señor.
Reprochamos públicamente la corrupción y exigimos castigos ejemplares a los funcionarios, pero olvidamos convenientemente que ésta no puede existir si del otro lado del escritorio público no hay un interés privado dispuesto a alimentarla. Ese interés que nos mueve a ganar un contrato, evitar una sanción u obtener un permiso, siempre al margen de la ley. La simulación, que hemos normalizado como herramienta de trabajo, nos coloca —al menos en apariencia— en ventaja frente a los demás.
Mi opinión no es ajena a la crisis de los “moches”, denunciada de manera reiterada por cámaras y organismos empresariales, particularmente en Monterrey. Empresarios que hoy señalan con razón ser víctimas de extorsión por parte de autoridades de los tres niveles de gobierno. Y sin embargo, la pregunta incómoda sigue ahí: ¿cuántas de esas prácticas nacieron, crecieron y se normalizaron con la participación activa —o al menos tolerante— del propio sector privado?
Porque el problema no es sólo quien exige el “moche”, sino también quien lo paga y lo justifica como un mal necesario para no perder el negocio. Ahí es donde la corrupción deja de ser un fenómeno ajeno y se convierte en una responsabilidad compartida.
Nada cambiará mientras sigamos envueltos en esa simulación que premia lo políticamente correcto y castiga la verdad incómoda. Nada cambiará mientras el silencio siga siendo más rentable que la denuncia.
Y nada cambiará —aunque cambien los gobiernos, los partidos o los discursos— mientras sigamos votando con indignación y negociando con corrupción. Porque en el fondo, el sistema político que tanto criticamos no es más que el reflejo exacto de lo que estamos dispuestos a tolerar y a seguir pagando.
A la vuelta de la esquina está el 2027: vendrá lleno de discursos políticamente correctos, repleto de ofertas y fórmulas anticorrupción, de pañuelos blancos que inevitablemente terminarán enlodados. Pero nada de eso importará si, como ciudadanos y como sector privado, seguimos participando en el mismo juego que decimos condenar.
Reconozcamos la realidad, aunque implique perder un “negocio”, pagar una multa o esperar un permiso. De lo contrario, no habrá reforma, discurso ni gobierno que alcance: la corrupción seguirá siendo la forma más conveniente de hacer las cosas y la doble moral nuestro estilo de vida.