Muchos de los proyectos y acciones recientes de gobiernos municipales para ofrecer —desde su perspectiva— soluciones al problema de movilidad (el más grande que enfrenta el estado, para más de la mitad de la población de acuerdo con la Encuesta Así Vamos) revelan al menos dos cosas.
Por un lado, parecen responder a las necesidades de una ciudad que dejamos de habitar hace 25 años: un Área Metropolitana que entonces apenas rebasaba los 3 millones de habitantes y en la que poco más del 80% de la población se concentraba en solo cuatro municipios (Monterrey, Guadalupe, San Nicolás y Escobedo). Hoy, esa misma ciudad se acerca a los 6 millones, y para alcanzar ese mismo 80% es necesario considerar al menos siete municipios, incluyendo García, Juárez y Apodaca.
Este cambio de escala no es menor. Implica que cualquier solución seria a los problemas de movilidad debe pensarse desde una perspectiva metropolitana más amplia, que trascienda fronteras municipales y privilegie la coordinación, así como una visión de largo plazo, no sujeta a ciclos políticos ni a soluciones cortoplacistas.
En segundo lugar, las acciones también reflejan que la mayoría de las autoridades —de todos los niveles de gobierno— en realidad no están atendiendo el problema de fondo. La movilidad es el síntoma de un problema más profundo vinculado al modelo de desarrollo urbano.
Desde hace algunos años, distintas organizaciones en Nuevo León han contribuido a dimensionar esta situación a partir de datos. Y cuando hay datos, las autoridades no tienen pretextos para entrar a solucionar el problema de fondo. La Encuesta Así Vamos ofrece una radiografía de una parte de este problema relacionada con el costo de la vivienda y la expansión de la mancha urbana.
En algunos municipios y regiones, una parte considerable de su población actual ha llegado ahí en la última década. En Juárez, García, Cadereyta y municipios de la región periférica, es más de la mitad de la población. En el caso de estos últimos (El Carmen, Pesquería, Ciénega, Salinas y Zuazua), 43% de la población que ha llegado en los últimos diez años proviene de 7 municipios del Área Metropolitana.
Los datos revelan un patrón territorial claro: la población tiende a reubicarse en municipios cercanos y funcionalmente articulados con su lugar de origen, pero con costos de vivienda más accesibles. Quienes residían en Guadalupe se desplazan principalmente hacia Juárez; desde Monterrey, el flujo se dirige sobre todo a García y Juárez; y desde Apodaca, hacia municipios periféricos inmediatos.
Este comportamiento da cuenta de la expansión de la mancha urbana, impulsada en buena medida por el encarecimiento de la vivienda en las zonas donde se concentran los principales centros laborales, educativos y recreativos. Una de las consecuencias más palpables de este proceso es precisamente en movilidad: mayores distancias, provocando mayores tiempos de traslado y los efectos que esto produce (mayor posibilidad de hechos de tránsito, más contaminación ambiental y mayores incentivos para usar automóvil particular, contribuyendo a aumentar el tráfico).
Este es parte del ciclo en el que estamos: mientras no se atienda de fondo esta dinámica —particularmente el acceso a vivienda asequible en zonas bien conectadas—, la presión sobre la movilidad urbana persistirá mientras autoridades intentan convencernos de que su siguiente y pequeña acción, ahora sí hará la diferencia para quienes se trasladan por ahí.