Hay causas que uno nunca abandona, aunque pasen los años. Hay luchas que regresan porque la realidad obliga a retomarlas. Hace más de una década, encabecé el Centro de Integración Ciudadana de Monterrey, una experiencia que cambió mi vida.
En aquellos escuché escuché historias que marcaron profundamente mi vida pública: comerciantes obligados a pagar cuotas para poder trabajar, familias intimidadas por llamadas de amenaza, pequeños empresarios quebrados por la presión constante y ciudadanos que preferían callar porque denunciar parecía más peligroso que guardar silencio.
Hoy, tristemente, esa realidad no ha desaparecido. La extorsión se ha sofisticado y expandido, y hoy es uno de los delitos que más prevalecen en el país.
En ese sentido, Nuevo León vive un momento delicado. Este delito no solamente afecta el patrimonio de las personas; destruye la tranquilidad cotidiana, rompe la confianza social y genera una sensación permanente de vulnerabilidad. Muchas víctimas ni siquiera denuncian porque piensan que no servirá de nada o porque tienen miedo de sufrir represalias.
Y lo más preocupante es que las denuncias ya no señalan únicamente a grupos criminales. Existen ciudadanos que acusan presiones indebidas, amenazas y prácticas abusivas provenientes de actores que deberían actuar dentro de la legalidad: inspectores, gestores, despachos y personas que utilizan posiciones de poder para intimidar o sacar ventaja.
No podemos permitir que eso se normalice.
Por eso he decidido retomar esta causa desde la sociedad civil. El relanzamiento del CIC Monterrey busca convertirse nuevamente en un espacio de respaldo ciudadano: un lugar donde las personas puedan denunciar, recibir acompañamiento jurídico y sentirse protegidas frente a cualquier intento de abuso o extorsión.
Hoy contamos con más herramientas que hace catorce años. Desde el Senado de la República impulsamos y aprobamos reformas importantes para fortalecer el combate a este delito, entre ellas la nueva Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión, que permite perseguir estos casos de oficio y cerrar espacios a la impunidad.
Pero ninguna ley funciona si las víctimas siguen sintiéndose solas.
Por eso el CIC contará con atención profesional, confidencial y gratuita para quienes necesiten orientación o acompañamiento. Ya existen decenas de casos en seguimiento y muchos de ellos muestran patrones preocupantes que deben investigarse a fondo por las autoridades correspondientes.
Esta no es una lucha política ni mediática. Es una lucha por la tranquilidad de las familias, por la dignidad de quienes trabajan y por el derecho de cualquier ciudadano a vivir sin miedo.
Hace años comenzamos esta batalla convencidos de que la sociedad organizada podía hacer la diferencia. Hoy regreso a ella con la misma convicción: frente a la extorsión, el silencio nunca puede ser la única opción.