Hace unos meses, cuando era diputado, presenté una serie de iniciativas con una convicción muy clara: en Nuevo León no podemos seguir teniendo leyes más débiles que los delincuentes.
Muchas de esas propuestas nacieron de escuchar historias que indignan, casos de niñas y niños víctimas de abuso, mujeres violentadas, familias destruidas por secuestros y criminales que terminan regresando a las calles porque el sistema simplemente no está a la altura.
Por eso propuse endurecer las penas contra secuestradores, especialmente cuando las víctimas fueran menores. También planteé tipificar como delito el acoso infantil y el cortejo a menores, porque hoy existe un vacío legal absurdo donde muchas veces no se puede actuar hasta que el abuso ya ocurrió. Y cuando se trata de proteger a niñas y niños, el Estado no puede llegar tarde.
Junto a Mariana Rodríguez impulsé además una iniciativa para aumentar las penas por abandono de menores. Lo hicimos porque un niño no puede quedar desprotegido por negligencia o irresponsabilidad de un adulto. Los niños no se abandonan, se protegen, esa debería ser una regla básica de cualquier sociedad.
También propuse la castración química para violadores de menores. Sé que es una propuesta que genera debate, pero hay delitos frente a los que el Estado tiene que actuar con toda la firmeza posible. Hay quienes se incomodan cuando se habla de mano dura, pero más debería incomodarnos que existan agresores que destruyen la vida de un niño y después vuelvan a caminar por la calle como si nada hubiera pasado.
En ese mismo sentido, propuse castigar con mayor severidad el halconeo, porque el crimen organizado no opera solo con quienes jalan un gatillo, también funciona a través de redes que vigilan, informan y ponen en riesgo tanto a las autoridades como a la ciudadanía. Normalizar eso sería aceptar que los delincuentes controlen territorios completos.
Hoy me toca estar en otra responsabilidad, como Secretario General de Gobierno, el gobernador Samuel García me encargó dar seguimiento a la seguridad y mantenerla como una de las prioridades de esta administración. Y justamente por eso sigo convencido de que estas propuestas no pueden quedarse solamente en iniciativas presentadas en el Congreso.
Durante mucho tiempo en México se normalizó una visión donde parecía que exigir castigos más firmes era exagerado, pero en Nuevo León estamos construyendo una nueva Fuerza Civil, invirtiendo como nunca en seguridad y fortaleciendo las capacidades del Estado, pero también necesitamos leyes firmes y autoridades dispuestas a aplicarlas.
Porque cuando se trata de proteger a nuestras niñas, niños y familias, no puede haber medias tintas.