Mucho se discute sobre la raíz de las distintas crisis que hoy vive Nuevo León: una pésima gestión del agua, una contaminación rampante, un sistema de movilidad colapsado, zonas enteras del Estado donde la inseguridad se ha vuelto parte de la vida cotidiana y en el que las finanzas están cada vez más comprometidas.
Entre sus causas se culpa al ultracrecimiento de la ciudad; el carácter industrial de la entidad; o también a un contexto regional y mundial adverso.
Todos esos factores explican parte de los desafíos que enfrenta el estado. Lo que no explican es por qué, año tras año, somos incapaces de resolverlos.
Ahí es donde aparece el verdadero problema: una forma de gobernar alejada de la realidad.
Desde hace mucho tiempo, en Nuevo León la clase gobernante, particularmente el Ejecutivo Estatal, ha creído que pueden hacerlo desde la comodidad de su escritorio. Aseguran, con soberbia, que el hecho de ostentar un alto cargo les otoroga, automáticamente, el conocimiento y la sabiduría de saber cómo resolver los grandes problemas que aquejan a las y los ciudadanos.
Piensan que los indicadores sustituyen las conversaciones con la gente y los reportes reemplazan la experiencia cotidiana de quienes viven los problemas.
¿Cuántas veces hemos visto a nuestros gobernantes salir a las calles, escuchar a las y los ciudadanos, entender la realidad a la que se enfrentan todos los días?
Esa desconexión produce decisiones que parecen diseñadas para resolver problemas sobre el papel, pero no en la realidad. Lejos de dar rumbo y certeza, generan desorden: las decisiones se vuelven erráticas, contradictorias y desarticuladas. En vez de ordenar la acción pública, generan más confusión, desperdician recursos y terminan siendo insuficientes para resolver los problemas que enfrentan diariamente las y los nuevoleoneses. Basta revisar algunos ejemplos.
¿Por qué se optó por “bombardear” las nubes en lugar de resolver la infraestructura hídrica de municipios como García, Escobedo o Pesquería? ¿Realmente se pensó que un “impuesto verde” resolvería la pésima calidad del aire que tenemos en el Estado? ¿De qué manera ayudó el incremento en la tarifa del transporte a los usuarios?
Nuestro estado es rehén de una clase política que no escucha.Y quien no escucha no entiende. No entiende lo que significa aumentar la tarifa mientras la gente espera un camión durante horas. Quien no escucha no puede dimensionar lo urgente que es invertir en infraestructura hidráulica para quienes pasan semanas sin agua.
Gobernar exige sensibilidad, y esa sólo se gana con presencia. Ningún escritorio sustituye las calles, ninguna oficina reemplaza la conversación con quienes viven los problemas todos los días.
Sólo cuando el gobierno vuelve a escuchar puede construir políticas públicas que respondan a la realidad. Y sólo así podremos enfrentar, de verdad, las crisis que hoy vive Nuevo León.