Monterrey. - Desde hace ya varios años Nuevo León viene enfrentando una serie de crisis que se han agravado, e incluso explotado, en la cara de un gobierno que no ha sabido resolverlas de fondo, sino sólo en forma.
La crisis hídrica es el mejor ejemplo. En lugar de construir soluciones de largo plazo, el Gobierno del Estado terminó dependiendo de la intervención de la Federación y de que las lluvias hicieran el trabajo que la administración estatal no pudo hacer. Con la calidad del aire ocurrió algo similar. En vez de combatir las verdaderas fuentes contaminantes, se optó por medidas recaudatorias que poco contribuyen a que las y los nuevoleoneses respiren un aire más limpio.
Pero hay otra crisis que aún no llega y que cuando lo haga, tendrá la capacidad de afectar todo lo demás: la crisis presupuestaria.
Nuevo León se ha convertido, en este sexenio, en el estado con la mayor deuda per cápita del país. No es sólo una cifra. Se trata de un problema que compromete el presente y el futuro de millones de personas. Cada peso que hoy se destina al pago de deuda es un peso menos para hospitales, escuelas, seguridad, transporte o infraestructura.
Ese nivel de endeudamiento proviene de una razón muy sencilla: la administración estatal ha actuado de manera irresponsable con el dinero de las y los nuevoleoneses.
El Gobierno creó un conflicto político perverso y, ante la falta de acuerdos con el Congreso del Estado, recurrió a mecanismos de financiamiento poco transparentes y a esquemas de deuda que dificultan la rendición de cuentas.
Lo peor es que el Estado ha sido irresponsable en su gasto: mientras que ha aumentado la recaudación a través del encarecimiento de servicios como el metro y el agua y ha recibido millones de pesos de la Federación, no ha sido capaz de administrar ese dinero para mejorar la vida de las y los nuevoleoneses.
Lo que sí vemos son obras inconclusas, proyectos que cambian constantemente de costo y prioridad, campañas de promoción personal y eventos con un claro propósito electoral.
Las señales de alerta ya son visibles.
Los principales indicadores de las finanzas estatales reflejan un deterioro cada vez más evidente. A ello se suman los retrasos en pagos a proveedores, los recortes presupuestales en distintas dependencias, las limitaciones para la operación de programas sociales e incluso las dificultades para el suministro de insumos en hospitales. Son señales que apuntan a un mismo problema: unas finanzas públicas cada vez más comprometidas.
El Ejecutivo estatal ha sido irresponsable con nuestro dinero porque sabe que la crisis no tendrá que enfrentarla él sino el Gobierno entrante. Ese será, para nuestro pesar, el legado naranja.
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