El Congreso de Nuevo León mantiene una deuda que ya no admite más aplazamientos: concluir la reforma al Poder Judicial.
No estamos ante un asunto secundario ni frente a una discusión que pueda postergarse indefinidamente. Existe un mandato constitucional que debe cumplirse y una responsabilidad institucional que no solamente se tiene con el Poder Judicial, sino, principalmente, con la ciudadanía que todos los días exige certeza, independencia y acceso efectivo a la justicia.
Desde hace meses se han anunciado iniciativas, consensos y mesas de trabajo. Se convocó a distintos sectores para escuchar propuestas y construir acuerdos; sin embargo, esas mesas no fueron suficientes para alcanzar un dictamen. Después se plantearon nuevos encuentros y éstos también se han seguido aplazando. A la fecha, además de que no se ha construido una propuesta conjunta que integre las distintas iniciativas y permita avanzar hacia una sola ruta legislativa. El diálogo es indispensable, pero no puede convertirse en una justificación para administrar la demora por cuestiones políticas.
El procedimiento para una reforma constitucional está claramente definido. A nivel federal, el artículo 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que las reformas requieren la aprobación de las dos terceras partes de las y los legisladores presentes en el Congreso de la Unión y de la mayoría de las legislaturas de los estados. En Nuevo León, los artículos 211 a 214 de la Constitución local regulan el procedimiento para reformar nuestra propia Constitución, desde la admisión y discusión de la iniciativa hasta su aprobación por la mayoría calificada correspondiente. Es decir, existen reglas, etapas y mayorías claramente establecidas. El problema no es la falta de procedimiento jurídico, sino la falta de avance político y legislativo.
A ello se suma una obligación derivada de la reforma judicial federal. El artículo Octavo Transitorio dio a las entidades federativas 180 días naturales para adecuar sus constituciones locales. El plazo venció el 14 de marzo de 2025 y, al 12 de agosto de 2026, han transcurrido 516 días sin que se concluya la homologación. No se trata de una discusión sin fecha límite, sino de un mandato constitucional cuyo plazo está ampliamente vencido.
Armonizar no significa copiar de manera automática el modelo federal. El Congreso local conserva un margen para diseñar las reglas que mejor respondan a las condiciones de nuestro estado. Pero ese margen de configuración no puede confundirse con la posibilidad de permanecer inactivo.
Y ahí está precisamente una de las principales preocupaciones: el mecanismo para la elección de juezas, jueces y magistraturas. Si ese es uno de los puntos que ha impedido alcanzar acuerdos, entonces el Congreso debe concentrar ahí sus esfuerzos. Hay que discutir cómo garantizar perfiles con experiencia, conocimientos jurídicos, independencia, imparcialidad y capacidad profesional; cómo construir filtros adecuados de evaluación y cómo evitar que la elección de personas juzgadoras termine sometida a intereses políticos o partidistas.
Esa discusión es legítima y necesaria. Si el mecanismo puede mejorarse, debe mejorarse. Pero hacerlo requiere trabajar sobre propuestas concretas, no seguir aplazando el conjunto de la reforma. Incluso la ministra Lenia Batres, durante su visita a Nuevo León el pasado 18 de mayo, exhortó públicamente al Congreso del Estado a avanzar con este proceso. Independientemente de las distintas posiciones que puedan existir sobre la reforma federal, lo cierto es que existe una obligación constitucional que el estado debe atender.
Por eso, este es un tema que no puede descansar al mismo tiempo que descansan los trabajos ordinarios del Congreso. Las obligaciones constitucionales no desaparecen durante los recesos legislativos. Si el periodo ordinario no era suficiente para concluir el análisis y alcanzar los acuerdos necesarios, debió convocarse a un periodo extraordinario.
Los periodos extraordinarios existen precisamente para atender asuntos que, por su relevancia institucional, no pueden esperar. La organización, independencia y funcionamiento del Poder Judicial es claramente uno de ellos. El Congreso debe retomar los trabajos, integrar las distintas iniciativas en una propuesta común, identificar coincidencias y diferencias, resolver técnicamente los puntos de desacuerdo y avanzar hacia un dictamen que pueda ser discutido y votado.
La reforma debe hacerse con responsabilidad, sin improvisaciones y protegiendo la autonomía judicial, la división de poderes y la profesionalización de quienes imparten justicia. Pero también debe hacerse con oportunidad. Porque el retraso no afecta únicamente a jueces, magistrados o servidores públicos judiciales. Afecta a litigantes, familias, empresas y a cualquier persona que dependa de una resolución judicial para proteger sus derechos.
La justicia no puede quedar atrapada en los tiempos políticos ni en una sucesión interminable de mesas de trabajo. Nuevo León necesita una reforma seria, jurídicamente sólida y construida con apertura. Pero, sobre todo, necesita que el Congreso tome decisiones. Esa es la deuda que el Congreso mantiene con la ciudadanía.