Monterrey. - Nuevo León tiene otro problema que rara vez se nombra con la claridad que merece: no es solo que gastemos mal el dinero público. Es que hemos normalizado que una parte de ese dinero se utilice para presumir a quien gobierna, en lugar de para servir a quien lo paga.
Desde 2007 la Constitución mexicana es clara: la propaganda gubernamental no puede incluir nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de ningún servidor público. Casi veinte años después, ese mandato constitucional sigue teniendo vacíos importantes en su desarrollo legislativo, particularmente frente a una realidad que entonces apenas comenzaba a existir: la promoción política permanente a través de plataformas digitales.
Y Nuevo León aquí, sin duda, no es la excepción. En un estado donde durante años hemos escuchado que somos “primer lugar en todo”, hay otro dato del que también vale la pena hablar: la enorme cantidad de recursos destinados a publicidad y promoción digital de fi guras públicas. Los registros públicos de plataformas como Meta permiten dimensionar este fenómeno y, más allá de cualquier consigna, plantean preguntas que merecen respuesta: quién paga, cuánto paga y de dónde sale el dinero.
Tenemos redes sociales ofi ciales convertidas en vitrinas personales. Tenemos publicidad digital donde pueden mezclarse promoción individual, materiales institucionales, recursos privados y relaciones con proveedores públicos. Y tenemos una ciudadanía que muchas veces no cuenta con las herramientas necesarias para reconstruir esa ruta. Ese es precisamente el problema de fondo: sin trazabilidad, resulta muy difícil saber dónde termina la comunicación institucional y dónde comienza la promoción personal.
La pregunta no es si un servidor público tiene derecho a comunicar. Por supuesto que lo tiene. La pregunta es bajo qué reglas debe hacerlo cuando existe dinero involucrado, sea público o privado. Porque cualquier recurso destinado a promocionar la imagen de quien ejerce una función pública debe ser fi scalizable, trazable y comprobable.
Por eso, desde RegioPoder decidimos ponerle nombre al problema y presentamos ante el Congreso de Nuevo León lo que popularmente hemos llamado “Ley Narciso” —no por una persona, sino por un comportamiento—. Y lo hicimos por dos vías complementarias: presentamos un proyecto para Nuevo León y una propuesta de alcance nacional, para que el propio Congreso del Estado pueda impulsar su discusión ante el Congreso de la Unión. La iniciativa federal está planteada precisamente para que la Legislatura de Nuevo León la presente ante Cámara de Diputados y Senado en ejercicio de su facultad constitucional.
En el ámbito local, propusimos expedir la Ley de Integridad Digital en el Ejercicio de Funciones Públicas del Estado de Nuevo León. A nivel federal, planteamos la Ley de Integridad Digital en el Servicio Público. Ambas parten de una misma lógica: que la publicidad digital personal vinculada al ejercicio de una función pública deje de operar en zonas grises y quede sujeta a reglas claras de transparencia, identifi cación y rendición de cuentas.
La propuesta que RegioPoder puso sobre la mesa parte de un principio sencillo: toda publicidad digital personal vinculada al ejercicio de una función pública debe tener trazabilidad. La ciudadanía debe poder saber quién pagó, cuánto se gastó, en qué plataforma se difundió, de dónde provienen los recursos y, cuando exista un intermediario, quién participó en la contratación. Para eso proponemos declaración obligatoria, registros públicos consultables, identifi cación clara de la publicidad, límites al gasto y un régimen de sanciones con debido proceso.
Las iniciativas también buscan impedir que materiales institucionales o activos digitales públicos sean utilizados para alimentar promoción personal, y establecen restricciones frente a determinadas relaciones entre quienes contratan esa publicidad y proveedores vinculados con el gobierno. El objetivo no es impedir que alguien comunique. Es evitar que la frontera entre función pública, recursos institucionales y posicionamiento personal desaparezca.
Aquí es donde el análisis legislativo importa más que el entusiasmo. Presentamos dos proyectos con rutas distintas. El primero busca que Nuevo León expida su propia legislación en materia de integridad digital. El segundo propone que el Congreso del Estado haga suyo el proyecto federal y lo presente ante el Congreso de la Unión para su discusión nacional. Ninguna de las dos rutas termina con la presentación: requieren análisis, dictamen, construcción de acuerdos y votos.
Ese es el camino real, y es el que RegioPoder está dispuesto a recorrer con seriedad: acompañando ambas rutas, sosteniendo el diálogo con los distintos grupos legislativos y documentando cada paso para que la discusión no dependa del ánimo político del momento, sino de la solidez del argumento.
El mandato, entonces, ya existe. Lo que falta es convertir ese principio constitucional en reglas capaces de responder a la realidad digital de 2026. Nuevo León no necesita esperar a que alguien más resuelva ese pendiente. Tiene hoy la oportunidad de cerrar el vacío en casa y, al mismo tiempo, impulsar una discusión que puede trascender nuestras fronteras y convertirse en un estándar nacional.
La propuesta federal, de hecho, plantea bases mínimas aplicables en los distintos órdenes de gobierno, un Registro Nacional de Publicidad Digital Personal Pagada y un proceso de armonización legislativa para las entidades federativas. Es decir: lo que comenzó como una preocupación visible en Nuevo León puede convertirse en una conversación nacional sobre integridad, transparencia y límites al uso del poder en el entorno digital.
Pero ninguna reforma de esta naturaleza avanza sola. Necesita algo que ni los diputados ni RegioPoder pueden fabricar por decreto: una ciudadanía que entienda de qué se trata, que respalde el principio y que no permita que el tema se diluya entre la agenda de los próximos meses.
Esa es, hoy, la tarea más importante: que Nuevo León entero sepa que esta propuesta ya está sobre la mesa, que sepa qué busca resolver y que decida que le importa.
Porque las leyes no cambian a un estado por sí solas. Las leyes abren la puerta. Quien la cruza siempre es una ciudadanía que decidió informarse, involucrarse y exigir reglas más claras.
"El vacío legal no se cierra con indignación pasajera. Se cierra con ciudadanía que entiende, que exige y que no se cansa."