Como un déjà vu, recibimos un nuevo periodo ordinario de sesiones en el Congreso: con un presupuesto que corresponde a un año que está por concluir aún sin aprobarse, y con la inminente presentación de un nuevo presupuesto para el año que comenzará en unos meses.
Al momento de analizar este tema, nuevamente nos encontramos con un cruce de responsabilidades entre los poderes Ejecutivo y Legislativo, para quienes el presupuesto —su elaboración y presentación, en un caso; su deliberación y aprobación, en el otro— debería constituir una tarea irrenunciable y prioritaria. Sin embargo, la discusión se ha centrado en el conflicto político que se ha instalado en el estado durante los últimos años, mientras poco se habla del verdadero perjudicado: el presupuesto público de Nuevo León y, con él, la población, que depende de los servicios que deben prestarse con esos recursos.
La aprobación del presupuesto sigue siendo el gran pendiente a resolver. Detrás de cada partida, cada retraso y cada desacuerdo hay servicios públicos que deben prestarse, obras que deben ejecutarse y necesidades de la población que no pueden quedar sujetas a la lógica del enfrentamiento entre poderes. Nuestra atención debe centrarse en sus impactos, de los cuales es importante destacar tres.
1. Las obras de infraestructura y los proyectos estratégicos quedan a merced del conflicto político, en lugar de responder a una planeación de largo plazo orientada a resolver los problemas que enfrentan el estado y los municipios. Cuando las decisiones presupuestales se convierten en moneda de cambio de la disputa entre poderes, las prioridades de inversión dejan de definirse por las necesidades de Nuevo León y quedan sujetas a la coyuntura política. Esto impacta no solo a los proyectos más visibles (como el metro) sino también a la renovación tecnológica necesaria en el Poder Judicial y el fortalecimiento en las capacidades de investigación en la Fiscalía, por mencionar un par de casos menos notorios.
2. Un presupuesto que no es debidamente deliberado y aprobado con base en las necesidades que enfrenta Nuevo León, genera un ejercicio subóptimo de los recursos públicos. Las consecuencias van desde decisiones financieras más costosas —como contratar deuda en condiciones menos favorables— hasta el incumplimiento de compromisos presupuestales básicos, bajo el argumento de que la falta de aprobación del presupuesto impide atenderlo - y que impactan a burocracia, organizaciones civiles, guardabosques, etc. El costo, en ambos casos, termina trasladándose a las finanzas públicas y, por esa vía, a los ciudadanos.
3. La falta de aprobación del presupuesto también abre espacios para la opacidad y la discrecionalidad en la asignación y el ejercicio de los recursos públicos. Una situación que debería ser extraordinaria puede convertirse en una justificación para tomar decisiones al margen de una planeación presupuestal clara y de los controles ordinarios. El riesgo aumenta conforme se acerca el periodo electoral: la ausencia de reglas presupuestarias claras puede incrementar la tentación de orientar recursos hacia fines políticos o electorales, en lugar de destinarlos a atender las necesidades de la población.
Septiembre debería iniciar con un gran acuerdo sobre el presupuesto público que necesita el estado - no el gobierno o la legislatura en turno. Cada peso de las arcas públicas le corresponde a la población y quienes tiene esa responsabilidad bajo su cargo, deben actuar en consecuencia.