Montemorelos.- Un total de 17 personas fueron vinculadas a proceso y enviadas a prisión preventiva tras ser detenidas en el municipio de Montemorelos, Nuevo León, en posesión de armas de fuego de uso exclusivo, cartuchos, cargadores y artefactos explosivos, informó la Fiscalía General de la República (FGR). De acuerdo con la autoridad federal, un juez de control determinó que existían elementos suficientes para iniciar un proceso penal en contra de los imputados por su presunta responsabilidad en los delitos de portación de armas de fuego largas y cortas, posesión de municiones y cargadores, así como la posesión de explosivos.
Como medida cautelar, el juzgador ordenó prisión preventiva oficiosa para todos los involucrados, la cual deberán cumplir en el centro de reinserción social número 1 norte, ubicado en Apodaca. La vinculación a proceso se logró luego de que el ministerio público federal, adscrito a la fiscalía especializada en materia de delincuencia organizada (FEMDO), presentara ante el juez diversos datos de prueba que acreditan la probable participación de los detenidos. Entre los procesados se encuentran Diego “N”, Eduardo “N”, José “N”, Javier “N”, Óscar “N”, Juan “N”, Emanuel “N”, Kevin “N”, Héctor “N”, Carlos “N”, Óscar Adrián “N”, Miguel “N”, Greember “N”, Jesús “N”, Gustavo “N”, Juan Jesús “N” y Félix “N”.
Las detenciones se realizaron como resultado de un operativo de seguridad desplegado en la región citada, durante el cual las autoridades aseguraron un importante arsenal. Entre los objetos decomisados se encuentran armas largas y cortas, cargadores abastecidos, cartuchos de distintos calibres, equipo táctico y artefactos explosivos, los cuales quedaron a disposición del ministerio público como parte de la carpeta de investigación. La FGR destacó que este resultado es producto de un trabajo conjunto entre distintas instancias del gabinete de seguridad del gobierno de México, en coordinación con autoridades estatales de Nuevo León.
En las acciones participaron elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Guardia Nacional, la Secretaría de la Defensa Nacional, el centro nacional de inteligencia y personal de la propia fiscalía federal. Tras resolver la situación jurídica de los imputados, el juez concedió un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria, periodo en el que se continuará recabando pruebas para robustecer la acusación. La autoridad reiteró que, conforme a la ley, los procesados se presumen inocentes mientras no se emita una sentencia condenatoria por parte de un órgano judicial competente.