Monterrey.- La Fiscalía General de la República (FGR), a través de la Fiscalía Especializada de Control Regional (Fecor) en Nuevo León, obtuvo la vinculación a proceso de dos personas identificadas como José “N” y Pedro “N”, por su probable responsabilidad en delitos relacionados con la portación de armas de fuego sin licencia, así como la posesión de cartuchos y cargadores de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.
De acuerdo con la información oficial, la detención de ambos individuos se llevó a cabo el pasado 7 de marzo, como resultado de trabajos ministeriales derivados de una carpeta de investigación iniciada tras una denuncia anónima. Elementos de la Policía Federal Ministerial (PFM), adscritos a la Agencia de Investigación Criminal (AIC), implementaron un operativo sobre la carretera Monterrey–Nuevo Laredo, específicamente en el kilómetro 100+70, a la altura del municipio de Sabinas Hidalgo.
Durante la intervención, las autoridades marcaron el alto a una camioneta en la que viajaban los ahora imputados. Tras una revisión, los agentes localizaron un compartimento oculto en la caja del vehículo, donde se encontraban tres armas de fuego, un cañón para arma larga, siete cargadores y aproximadamente 500 cartuchos de distintos calibres.
Luego de su aseguramiento, tanto el armamento como el vehículo y las personas detenidas fueron puestos a disposición del Ministerio Público Federal. El fiscal federal en la entidad integró los datos de prueba necesarios para judicializar la carpeta de investigación correspondiente.
En audiencia inicial, el representante de la FGR solicitó ante el juez de control la vinculación a proceso de los imputados, misma que fue concedida tras considerar que existían elementos suficientes para presumir su probable participación en los delitos señalados.
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Como parte de la resolución judicial, el juez impuso a José “N” y Pedro “N” la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, por lo que permanecerán privados de la libertad mientras se desarrolla el proceso legal en su contra. Asimismo, se estableció un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria.
La FGR reiteró que, conforme al principio de presunción de inocencia, las personas señaladas en este caso deberán ser consideradas inocentes hasta que se emita una sentencia condenatoria por parte de la autoridad judicial competente.