Monterrey. – Una jueza de Tamaulipas concedió suspensión definitiva al empresario sampetrino, Pedro Miguel Babb Villarreal, acusado por un presunto fraude de 57 millones de pesos, informó La Jornada a través de una investigación hecha por San Juana Martínez.
Fue el pasado 3 de marzo cuando Raquel Ivette Duarte Cedillo, titular del Juzgado de Distrito en materias de amparo y juicios federales en Matamoros, Tamaulipas, otorgó este amparo no solo a Babb Villarreal, sino también a sus socios José Manuel Mireles Verástegui y Carlos Eduardo González Hernández, todos beneficiados con una protección que impide que sean detenidos por las autoridades ministeriales de Nuevo León.
Según el abogado de la parte afectada, Gabriel Garza Fernández, dicha promoción del amparo en Tamaulipas ocurrió pese a que los domicilios de los imputados y el proceso judicial original se localizan en los municipios de San Pedro Garza García y Monterrey, en Nuevo León.
La defensa argumentó que se trató de un movimiento “mañoso” por parte de los acusados, quienes, de acuerdo a sus declaraciones, tratan de decir que todos los problemas están en Tamaulipas cuando la realidad es que el asunto es en tierras regiomontanas.
Detalles del caso
Las investigaciones señalan que Pedro Miguel Babb Villarreal, en representación de la empresa Aldea Oceana Holdings, SAPI de CV, presuntamente, defraudó a inversionistas mediante un esquema de bienes raíces en Quintana Roo, cuyo daño patrimonial asciende a los 57 millones de pesos.
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En específico, este fraude tiene relación con contratos de compraventa de departamentos en el desarrollo inmobiliario Emma & Elissa, que se encuentra ubicado en Playa del Carmen, y que por cierto luce en estado de abandono desde noviembre de 2024.
Una jueza polémica
En cuanto a la jueza Raquel Ivette Duarte Cedillo, cuenta con un historial de amparos otorgados a personas que han sido catalogadas como presuntos delincuentes. Por ejemplo: Rafael Caro Quintero, Abraham Oseguera Cervantes y Florian Tudor.
Además ha dictado sentencias de absolución en procesos vinculados a los casos de Ayotzinapa y del cártel de los Arellano Félix.
La parte acusadora ya presentó una queja formal luego de concedido este último amparo en Matamoros. El documento ya fue recibido por el Tribunal de Disciplina Judicial de la Federación, a quien se le advirtió que la jueza cometió una presunta extralimitación de facultades al intervenir en un caso que está fuera de su jurisdicción territorial.
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