Monterrey. - El abogado Candelario Maldonado solicitó a la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León que se ejerza acción penal contra todos los involucrados en el presunto delito de despojo de una vivienda en Apodaca, incluido el emecista Patricio “Pato” Zambrano.
Y es que, el pasado 17 de marzo Zambrano, junto con integrantes de la supuesta organización civil “Comisión Internacional de Derechos Humanos CIDH”, acudieron al domicilio y, al verlo deshabitado, irrumpieron en la vivienda. En un video difundido por el propio Zambrano se observa cuando el emecista rompe los candados de acceso hasta lograr entrar al inmueble junto con Dominga, quien aseguraba ser la propietaria.
Tras esto y reunirse este con el fiscal general, Javier Flores, el litigante aseguró que existen elementos suficientes para investigar y proceder contra quienes participaron en los hechos, algunos de los cuales ya fueron detenidos.
“Venimos a solicitarle al fiscal general que se ejerza la acción penal en contra de todos los involucrados dentro de esta carpeta de investigación. En México no se puede hacer justicia por propia mano, mucho menos llegar armado con un grupo de individuos, hacerse pasar por autoridad y despojar a una persona de un inmueble”, declaró.
Maldonado sostuvo que el caso no debe limitarse únicamente a quienes ejecutaron materialmente el desalojo, sino también a quienes lo planearon, promovieron o difundieron públicamente.
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“Orden de aprehensión en contra de Patricio Zambrano y de todos los que participaron o se vieron involucrados. Cuando la justicia es selectiva deja de ser justicia y se vuelve un privilegio”, afirmó.
El abogado señaló que los videos difundidos en redes sociales, en los que presuntamente aparece Zambrano durante los hechos, forman parte de los elementos de prueba que integran la carpeta de investigación.
Asimismo, acusó que durante el desalojo se ejerció violencia moral y psicológica contra su representada y otra mujer que se encontraban en el lugar.
Además del proceso penal, Maldonado adelantó que promoverán una demanda civil por daño moral contra Zambrano y el resto de los involucrados, al considerar que la imagen pública de su clienta fue severamente afectada tras la difusión del caso.
“Ella quedó como la villana. Se le señaló públicamente, se le humilló y se difundió información falsa. Vamos a presentar una demanda de responsabilidad civil por daño moral que será millonaria”, aseguró.
El litigante explicó que su representada mantenía la posesión del inmueble desde hace aproximadamente 10 años y que existía un contrato de compraventa con la anterior propietaria, por lo que rechazó las versiones que la señalan como invasora.
Respecto a una posible influencia política en el caso debido a la cercanía de Zambrano con actores del gobierno, Maldonado descartó que el asunto deba abordarse desde esa perspectiva.
Finalmente, mencionó que durante el mediodía se desarrolló la audiencia de imputación contra las personas ya detenidas por el caso, mientras la defensa espera que en las próximas horas un juez determine su situación jurídica.
Fue el jueves cuando el presunto asesor jurídico del emecista Patricio ‘Pato’ Zambrano fue detenido por cargos como delitos de usurpación de funciones, despojo y otros presuntos delitos sin respaldo legal.
Según información compartida, desde el pasado 11 de mayo el Ministerio Público tenía una investigación activa en contra de Jorge N., quien es identificado como presunto asesor de Zambrano, ya que lo acompañaba en diferentes videos. Al igual que Adriana N. y Dominga N., todos integrantes de la Comisión Internacional de Derechos Humanos de Monterrey.
Los delitos de los que se acusa a los tres detenidos son de presunta usurpación de funciones, despojo y abusos relacionados con diligencias que se realizaron sin ningún respaldo legal.
En el caso específico de Jorge N., se le ve en diferentes videos con Pato Zambrano, dando asesoría jurídica a ciudadanos con problemas legales; sin embargo, hasta el momento el emecista no se ha pronunciado al respecto.
A través de las redes sociales de la Comisión Internacional de Derechos Humanos se acusa de que la detención de Jorge N. fue de manera violenta, sin notificación previa clara, por lo cual lo catalogan como ilegal.