Matamoros.- La Comisión Nacional de los Derechos Humanos manifestó su preocupación por los recientes casos de violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes en México, y señaló particularmente el caso de la niña de 11 años en Matamoros, cuyo embarazo de aproximadamente cinco meses habría sido consecuencia de una agresión sexual.
A través del Pronunciamiento DGDH/015/2026, fechado el 12 de agosto, el organismo nacional hizo un llamado a las autoridades de los tres órdenes de gobierno para reforzar las acciones de prevención y protección de la niñez, así como garantizar investigaciones eficaces y oportunas que permitan esclarecer los hechos y combatir la impunidad.
De acuerdo con la información retomada por la CNDH, la menor recibió atención médica especializada, fue incorporada a medidas de protección institucional y posteriormente se llevó a cabo la interrupción legal del embarazo.
El organismo calificó el caso como una grave vulneración a los derechos humanos de la niña y advirtió que este tipo de violencia representa una problemática que continúa afectando a niñas, niños y adolescentes en distintas regiones del país.
La CNDH recordó que la violencia sexual contra menores constituye una de las formas más graves de violencia, debido a las consecuencias físicas, psicológicas, emocionales y sociales que puede generar en las víctimas, algunas de las cuales pueden prolongarse durante toda su vida.
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Ante este escenario, la Comisión pidió a las autoridades que las investigaciones se desarrollen con la máxima diligencia, bajo el principio del interés superior de la niñez y con perspectiva de género.
Asimismo, demandó que se garantice la protección integral de las víctimas y que durante los procedimientos se evite cualquier forma de revictimización, particularmente tratándose de menores de edad.
La CNDH también enfatizó la necesidad de que las víctimas de violencia sexual tengan acceso efectivo a la justicia y reciban atención especializada, además de que las autoridades responsables actúen con oportunidad para esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades correspondientes.
El pronunciamiento coloca nuevamente el caso de Matamoros en el ámbito nacional y subraya la obligación de las instituciones de proteger los derechos de la menor, preservar su dignidad y garantizar que las investigaciones avancen sin revictimizarla.