Ciudad Victoria. - A pocas horas de que el partido Morena logre la mayoría calificada en el Congreso del Estado de Tamaulipas, el fiscal Anticorrupción, Raúl Ramírez Castañeda, presentó su renuncia al cargo.
Esta renuncia, efectiva el 30 de octubre de 2024, se produce en un contexto de creciente tensión política y acusaciones en su contra que han puesto en tela de juicio la efectividad de su gestión.
El funcionario trabajó varios años en la administración del ex gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca del Partido Acción Nacional (PAN), y se le había acusado de no realizar investigaciones contra exfuncionarios panistas.
Ramírez Castañeda, quien se había negado a abandonar su cargo tras ser removido, había recurrido a un amparo para mantenerse en su puesto, a pesar de su resistencia, la presión política y social en torno a su actuación se ha intensificado.
Su decisión fue comunicada directamente a la diputada Úrsula Salazar Mojica, presidenta de la Junta de Gobierno del Congreso de Tamaulipas, lo que señala un posible desmantelamiento del blindaje que el PAN había establecido en la administración estatal.
Te podría interesar
Ramírez Castañeda ha sido señalado por no llevar a cabo investigaciones adecuadas contra exfuncionarios, así como por haber reprobado los exámenes de control y confianza que garantizan la idoneidad de los funcionarios en su cargo.
Su administración ha estado marcada por una aparente ineficacia en el combate a la corrupción, lo que ha suscitado críticas tanto de la oposición como de la sociedad civil.
En el contexto de su renuncia, se revela que Ramírez Castañeda enfrenta serias denuncias por abuso de autoridad, tráfico de influencias y ejercicio ilícito del servicio público.
La Unidad de Inteligencia Financiera y Económica de Tamaulipas (UIFE) detectó irregularidades significativas en su patrimonio, incluyendo un inmueble en Monterrey, Nuevo León, tasado en más de 40 millones de pesos, mientras que su declaración patrimonial indicaba un valor de menos de 2 millones.
Además, se ha informado sobre su implicación en la sustracción de más de 70 bienes inmuebles que deberían estar en la UIFE, así como la destrucción de archivos e información contenida en equipos de cómputo de la misma unidad, estos hechos han encendido las alarmas sobre la transparencia y la rendición de cuentas en la Fiscalía Anticorrupción.