Ciudad Victoria. - Tras la aprobación de la reforma judicial en el Congreso de Tamaulipas el pasado septiembre, el diputado Isidro Vargas lanzó una severa advertencia a la jueza Nancy Juárez Salas, del decimonoveno distrito judicial en Veracruz, pidiéndole que no obstaculice los avances de esta legislación que ya fue votada y avalada por los legisladores estatales.
La reforma busca permitir que los tamaulipecos elijan a sus jueces mediante voto popular, un cambio que eliminaría la designación directa por parte del Ejecutivo Federal y, según Vargas, marcaría un hito en la transparencia y la justicia democrática en el estado.
Vargas afirmó que la ciudadanía es la gran beneficiada de esta reforma, la cual apunta a erradicar el nepotismo y prácticas de favoritismo en el sistema judicial, prácticas que, en sus palabras, “provocaron el desorden en el pasado y otorgaron privilegios a unos pocos sin mérito propio.”
Según Vargas, la jueza Juárez Salas ordenó recientemente a la presidenta Claudia Sheinbaum eliminar la publicación de la reforma en el Diario Oficial de la Federación, lo cual impide su formalización y aplicación.
Vargas consideró esta medida como una obstrucción al proceso democrático y reiteró que no existe fundamento constitucional para invalidar la publicación de una reforma avalada por el Congreso estatal y ratificada en sus procesos correspondientes.
Vargas también destacó que la orden emitida por Juárez Salas es contraria a lo que establece el artículo 61, fracción primera de la Ley de Amparo, que prohíbe el juicio de amparo contra reformas constitucionales.
En su exhorto a la jueza, Vargas insistió en que no existe ningún artículo en la Constitución que convierta al Poder Judicial en un organismo capaz de revertir reformas constitucionales, ya que es a través del artículo 39 que se otorga ese poder a las instituciones representativas del pueblo.
El legislador subrayó que, al elevar a rango constitucional las normas que ya establece la ley secundaria, esta reforma no implica atropellos a los derechos humanos ni laborales de los trabajadores judiciales. En cambio, busca fortalecer un sistema judicial transparente y responsable ante la ciudadanía.