Tamaulipas rechaza saldar deuda hídrica enviando agua a Estados Unidos

Raúl Quiroga, titular de Recursos Hídricos de Tamaulipas, dijo que el tratado es injusto puesto que se trata de recursos exclusivos de nuestro país.

Presa Marte R. Gómez en Tamaulipas | X / @LCAlatorre
Presa Marte R. Gómez en Tamaulipas | X / @LCAlatorre
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Ciudad Victoria. - El gobierno de Tamaulipas ha expresado su rechazo al acuerdo firmado entre México y Estados Unidos que permite utilizar aguas nacionales de la cuenca del río San Juan para saldar la deuda hídrica pendiente entre ambos países.

La controversia surge a raíz de la firma del "Acta 331", un documento suscrito el 7 de noviembre de 2024 por representantes de ambos gobiernos, que contempla el uso de aguas de la presa Marte R. Gómez, en Tamaulipas, así como de otras presas de Nuevo León, como El Cuchillo y La Boca.

Raúl Quiroga, secretario de Recursos Hidráulicos de Tamaulipas, denunció que este acuerdo viola el Tratado de 1944, el cual establece que únicamente se pueden utilizar aguas internacionales para cumplir con las obligaciones entre los dos países.

Quiroga subrayó que las aguas de la cuenca del río San Juan, que alimentan la presa Marte R. Gómez, son completamente mexicanas y no deben ser comprometidas en el marco de este acuerdo binacional.

"Este acuerdo es alarmante y va en contra del tratado, porque está involucrando recursos que son exclusivos de México", afirmó Quiroga, según el funcionario, el acuerdo podría resultar en el vaciamiento de la presa Marte R. Gómez, lo que afectaría gravemente el suministro de agua en la región, particularmente en Tamaulipas.

Aunque el tratado de 1944 establece claramente que solo las aguas de los ríos internacionales, como el Bravo y el Colorado, pueden ser utilizadas para resolver los adeudos hídricos, la reciente firma del "Acta 331" amplía este marco a las cuencas del río San Juan, lo que ha generado un fuerte malestar en las autoridades de Tamaulipas.

A pesar de los reclamos de Tamaulipas, no se ha recibido una respuesta oficial por parte de las autoridades de Nuevo León o de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

Por ahora, los gobiernos de Tamaulipas y Nuevo León se mantienen alerta, pues el cumplimiento de este acuerdo podría tener serias repercusiones sobre el acceso al agua en la región noreste del país.