Ciudad Victoria. - La empresa Transportes Castores, propiedad de José Antonio Orozco Romero, está en el centro de la indignación pública en Ciudad Victoria, Tamaulipas, luego de que familiares de Kevin Ramos, un niño deportista, de 11 años, denunciaran que la empresa ocultó tanto el cuerpo del menor como su bicicleta tras haber sido atropellado por una de sus unidades.
“No es solo el dolor de perderlo, es como lo trataron, como si su vida no valiera nada”, dijo su tía en medio del velorio en las capillas del Refugio de la capital de Tamaulipas.
Esta acción constituye un delito grave al entorpecer la justicia y ocultar evidencia, el hecho ocurrió frente a la base de la empresa, ubicada sobre el Boulevard Hombres Ilustres.
El conductor del camión fue identificado por la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas como Emmanuel “N”, quien presuntamente huyó del lugar tras el atropellamiento.
De acuerdo con los testimonios recabados por la familia, el cuerpo de Kevin fue introducido a las instalaciones de la empresa y la bicicleta fue hallada horas más tarde dentro del camión, entre latas de cerveza y manchas de sangre, testigos afirman que el menor fue retenido dentro de la base sin recibir atención médica.
Transportes Castores es una empresa originaria de Tamaulipas con sede en Ciudad Victoria, dedicada al transporte de carga pesada y logística en todo el país, con rutas regulares hacia el norte de México y Estados Unidos.
Cuenta con una amplia flotilla de tractocamiones y emplea a choferes con visa de transportista, lo que les permite circular legalmente por territorio estadounidense, esta condición, según los familiares, facilita una eventual fuga del presunto responsable fuera del país, lo que incrementa la urgencia de una acción legal inmediata.
“Tenemos que ya se haya fugado? Tiene los medios, nosotros no tenemos más que el derecho a exigir justicia”, dijo un amigo de la familia.
Hasta ahora, la Fiscalía ha asegurado la unidad involucrada, pero no ha girado orden de aprehensión contra Emmanuel “N”, la comunidad ha exigido la intervención del gobernador Américo Villarreal y del fiscal Irving Barrios Mojica, demandando acciones inmediatas contra los responsables.