Ciudad Victoria.- El presupuesto destinado por el Instituto de Previsión y Seguridad Social para los Trabajadores del Estado de Tamaulipas (Ipsset) para otorgar préstamos a empleados del gobierno estatal está cerca de agotarse, por lo que será necesario gestionar una ampliación de recursos para cubrir la demanda durante la segunda mitad del año.
La secretaria de Administración, Luisa Eugenia Manautou Galván, explicó que el aumento en las solicitudes de financiamiento ha sido considerable, principalmente porque muchas financieras que anteriormente otorgaban créditos a los trabajadores dejaron de operar, lo que llevó a más burócratas a recurrir al Ipsset como alternativa.
La funcionaria detalló que el crecimiento en la colocación de préstamos ha sido notable.
Mientras que en el último año se autorizaron alrededor de seis mil créditos, actualmente la cifra supera los 13 mil, reflejando una mayor confianza de los trabajadores en este esquema de financiamiento.
También destacó que el monto destinado a estos apoyos prácticamente se duplicó.
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Si anteriormente se colocaban cerca de 400 millones de pesos en préstamos, durante 2025 la cifra rebasó los 900 millones de pesos, recursos que los empleados utilizaron para atender necesidades económicas y mejorar su situación financiera.
Manautou Galván indicó que el personal del Ipsset ya les informó que el ritmo de colocación de créditos durante este año hace inevitable plantear una ampliación presupuestal, propuesta que deberá ser presentada y analizada por las dependencias que integran la Junta de Gobierno del Instituto.
La secretaria sostuvo que la desaparición de diversas financieras modificó el comportamiento de los trabajadores, quienes ahora prefieren acudir al Ipsset debido a que ofrece montos de préstamo más altos, tasas de interés más bajas y plazos de pago más accesibles en comparación con los esquemas que existían anteriormente.
Señaló que aún no se tiene definido el monto que podría solicitarse como ampliación presupuestal, ya que esa decisión dependerá del análisis y la aprobación que realice la Junta de Gobierno, instancia encargada de autorizar los recursos y establecer las condiciones para su aplicación.
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