Monterrey.- Diputados locales del Congreso de Nuevo León iniciaron un análisis para buscar alternativas que permitan combatir el delito de despojo que ha crecido en los últimos años en la entidad.
La Comisión de Justicia del Poder Legislativo, encabezada por el priista Javier Caballero, convocó al titular del Colegio de Notarios, al Encargado del Despacho de la Fiscalía General de Justicia y al presidente del Poder Judicial de la entidad para analizar la situación.
“Cuando me tocó estar en Santiago había un tema de muchas dudas, no se presentaba el inmueble, es un protocolo, vamos a ver todos los temas, es para ver un problema real que está aquejando a muchos ciudadanos, hay que ver todo lo previo”, explicó el priista Javier Caballero.
Por su parte el presidente del Poder Judicial, Arturo Salinas, señaló que deberán presentar reformas al Código Civil ya que es un delito que involucra a diversas instancias y en el que los afectados enfrentan un largo proceso para recuperar sus propiedades.
“El despojo de inmuebles, si bien es cierto es un delito como tal, la realidad es que no deja de ser la consecuencia de diferentes actos jurídicos, y se vuelve muy complejo porque no solamente es un delito, el poder probar ese delito requiere una litigiosidad entre quien tiene ese derecho y eso parte de escrituras públicas que se regulan por el Código Civil”, explicó Salinas.
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Además, el Encargado del Despacho de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León, Pedro José Arce, señaló que el delito de despojo se ha incrementado en municipios periféricos del Área Metropolitana de Monterrey.
“Si bien ha habido un aumento en la zona periférica, en el área metropolitana ha venido a la baja y en relación al 2021 y 2022, el delito de despojo disminuyó.
“Lo que encontramos es que el detonante del desarrollo económico que está teniendo el Estado ya fuera de lo que es él área metropolitana, es un factor que influye en un delito de esta naturaleza como lo es el despojo de bienes inmuebles.", explicó Pedro José Arce.
Durante enero pasado en la entidad se registraron 125 denuncias por este delito; al cierre del 2022 sumaron mil 360 y en el 2021 la cifra alcanzó mil 406.