Monterrey.- Heriberto Treviño, Coordinador del Grupo Legislativo del PRI, y Javier Caballero, Presidente de la Comisión de Justicia y Seguridad Pública, buscan castigar de manera eficaz, a los agresores que cometan delitos contra familiares.
Ambos presentaron una iniciativa de reforma al Código Penal para establecer que los derechos familiares que el agresor pudiese tener con la víctima, sean suspendidos por el mismo periodo que dure la pena de prisión que se les imponga en el juicio y de esta forma evitar la revictimización de los agredidos.
Aunque explicaron que pese a que el Código Penal del Estado ya contempla la posibilidad de que, cuando una persona cometa algún delito pierda también los derechos familiares y civiles que pudiese tener con respecto a la víctima del delito, aún existe una laguna legal.
“Hoy, cuando un padre comete un delito familiar y es sancionado con prisión, en automático pierde sus derechos familiares de manera indefinida, lo que es contrario al principio constitucional de que toda pena debe ser proporcional al delito que sancione y al bien jurídico protegido. Por esto mismo, se han presentado casos que, al ampararse, se le restituyen al agresor los derechos que tuviese con la víctima, vulnerando los derechos de las víctimas y revictimizándolos.
“Es urgente resolver esta problemática y brindar certeza jurídica, ya que, al existir lagunas legales en estos casos, los más afectados son las niñas, niños y adultos mayores, cuando ellos realmente no tienen la culpa de nada, lo que buscamos es salvaguardar la integridad de la familia, que es el núcleo de toda sociedad y fortalecer el estado de derecho, creando los mecanismos correspondientes para que la ley se cumpla”, dijo Treviño Cantú.
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Por su parte, Caballero Gaona detalló que, en aras de corregir este problema, la iniciativa contempla modificar el contenido de los artículos 269, 280, 287 Bis 1, 306 Bis 4, así como el tercer párrafo del artículo 301 Bis 8 del Código Penal del Estado.
“Al identificar esta área de oportunidad y para evitar fallas en la aplicación de las sanciones contempladas por nuestro Código Penal, estamos presentando esta iniciativa de reforma para que se adecue y armonice la sanción en cuanto a la pérdida de los derechos familiares, como lo son los derechos sucesorios, de convivencia con los hijos, de patria potestad, entre otros, para proteger a los grupos más vulnerables de las familias, como son los hijos e hijas, los adultos mayores y las cónyuges, quienes son los más expuestos a ser víctimas de delitos”, explicó.
Ambos legisladores priístas apuntaron que esta reforma sería una herramienta muy útil para los juzgadores, toda vez que se precisan los casos y los términos cuando se suspende el derecho a ejercer la patria potestad, tutela, curatela y los derechos hereditarios o de alimentos que pudiera tener el agresor sobre la persona agredida.
“Estamos planteando que en los delitos de violación y equiparable a la violación, en el delito de incumplimiento de obligaciones alimentarias, en el delito de violencia familiar, en el delito de lesiones a un menor de doce años de edad y en delitos cometidos en perjuicio de las personas adultas mayores, los derechos y obligaciones sólo queden suspendidos durante el mismo periodo que dure la pena de prisión que se imponga”, aclaró Treviño Cantú.
“También es necesario imponer mínimos y máximos para que las personas no se amparen”, insistió.