Monterrey.- El hecho de que Nuevo León tenga dos Institutos de Defensoría Pública es motivo de delito penal, lo cual está en análisis para ser denunciado, según el diputado local, Carlos de la Fuente.
En este sentido, el coordinador de la bancada panista del Congreso, detalló que se está revisando si es viable interponer esta acusación por usurpación de funciones, donde se señala la Secretaría General de Gobierno.
“Es usurpación de funciones, y es un delito penal. (...) (es atribuible) al titular de la Secretaría General de Gobierno, que fue quien nombró a un titular en la Defensoría posteriormente a que el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Nuevo León tomó posesión del área.
Hay que recordar que el 14 de abril, el Poder Judicial del Estado nombró a Luis García Alcántara como el director de la Defensoría, justo después de tomar el edificio ubicado en las calles Matamoros y Galeana, en el Centro de Monterrey.
Por su parte, el Ejecutivo designó a Héctor Viniegra como encargado del Instituto, al no reconocer el nombramiento de García Alcántara que sucedió días atrás. De igual manera, Carlos de la Fuente asegura que solo hay un Instituto de Defensoría, de acuerdo a la Constitución local.
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“Nada más hay una Defensoría, que es la del Poder Judicial, porque es la que marca la ley. Hay que cumplir la Constitución. A lo mejor, al Gobierno del Estado se le olvida que su tarea es cumplir la Constitución”, señaló el coordinador albiazul.
Con dos defensorías públicas crece confusión entre usuarios y denuncian mal uso del personal
Los pleitos entre el Congreso del Estado y el gobierno de Samuel García continúan para pugnarse el poder del Instituto de la Defensoría Pública (IDP), órgano que presta servicios profesionales y de orientación jurídica gratuitos.
Debido a esta situación, hoy en Nuevo León existen dos defensorías públicas que dan atención a personas de bajos recursos o que no cuentan con un abogado, la que maneja el Estado y la que encabeza el panista Arturo Salinas con el Poder Judicial.