Monterrey.- La Suprema Corte de Justicia otorgó una suspensión para evitar que el Instituto de la Defensoría Pública de Nuevo León (IDPNL) pase a manos del Poder Judicial del Estado.
Juan Luis González Alcántara, ministro y doctor en derecho especialista en finanzas públicas, concedió la suspensión que establece la organización y funcionamiento del instituto, así como el nombramiento del titular, seguirán a cargo del gobierno estatal, hasta la resolución del caso.
“Es por lo anterior, que se solicita que no se ejecute el Acuerdo General Número 8/2023 del Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado de Nuevo León (Poder Judicial), por el que se determina la organización y funcionamiento del Instituto de Defensoría Pública del Estado, así tampoco se ejecute la orden de conclusión del nombramiento del titular del Director de Defensoría Pública del Estado de Nuevo León, la orden de transferencia de recursos financieros y la orden de la posesión o servicios contratados para el Instituto de la Defensoría Pública del Estado de Nuevo León, dada a la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado de Nuevo León, hasta en tanto se resuelva el fondo del asunto. Resulta procedente pues es necesario para preservar la materia de juicio”, establece el documento.
Entre las argumentaciones de la controversia destaca que el decreto legislativo por el que se reformó la Constitución local no cumple con los parámetros constitucionales y legales de validez.
El 22 de febrero el Congreso Local, de mayoría PRI y PAN, aprobó reformas al artículo 17 de la Constitución para que el Instituto de la Defensoría Pública de Nuevo León, entonces encabezado por Reynaldo Cantú Shay, pasara al Poder Judicial.
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El 14 de abril, y después de dos intentos previos para obtener el control, el órgano judicial tomó posesión del inmueble estatal con sede en el centro de Monterrey y designó a Luis García Alcántara como nuevo titular del Instituto de Defensoría.
El 20 de abril se formalizó la nueva ubicación en la calle Escobedo, pero ambos Poderes siguen pugnando el poder de la Defensoría Pública que tiene la obligación de prestar servicios profesionales, de orientación, asesoría y patrocinio de casos, poniendo especial énfasis en la protección y defensa de los derechos de las personas de escasos recursos económicos y de grupos vulnerables.
A pesar de que el cambio fue publicado en el Periódico Oficial, el portal del Instituto aún mantiene la dirección, números telefónicos y enlaces de la dirección anterior.