Monterrey.- Para evitar que los menores sean reclutados por grupos delictivos, la bancada del PRI en el Congreso local presentará una iniciativa de reforma a la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.
El coordinador de la bancada priista, Heriberto Treviño, señaló que se busca generar una responsabilidad compartida entre el Estado y los padres de familia o tutores para impedir que los menores caigan en manos de grupos criminales, pues señaló que 90 por ciento de los menores en Nuevo León que han sido imputados por cometer un delito están vinculados con el crimen organizado.
“El tesoro más preciado que tenemos son nuestras niñas, niños y adolescentes, porque son el futuro de Nuevo León y tenemos que actuar desde el Congreso para protegerlos ante las amenazas que atentan contra su seguridad e integridad.
“Debemos evitar a toda costa que sean reclutados para participar en asociaciones delictuosas, pandillerismo o bandas del crimen organizado, para que no se vean envueltos en alguna actividad que perturbe su desarrollo integral”, dijo Treviño Cantú.
PRI busca sanciones más duras contra agresores en Nuevo León
El pasado 26 de abril, se informó que Heriberto Treviño, Coordinador del Grupo Legislativo del PRI, y Javier Caballero, Presidente de la Comisión de Justicia y Seguridad Pública, buscan castigar de manera eficaz, a los agresores que cometan delitos contra familiares.
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Ambos presentaron una iniciativa de reforma al Código Penal para establecer que los derechos familiares que el agresor pudiese tener con la víctima, sean suspendidos por el mismo periodo que dure la pena de prisión que se les imponga en el juicio y de esta forma evitar la revictimización de los agredidos.
Aunque explicaron que pese a que el Código Penal del Estado ya contempla la posibilidad de que, cuando una persona cometa algún delito pierda también los derechos familiares y civiles que pudiese tener con respecto a la víctima del delito, aún existe una laguna legal.
“Hoy, cuando un padre comete un delito familiar y es sancionado con prisión, en automático pierde sus derechos familiares de manera indefinida, lo que es contrario al principio constitucional de que toda pena debe ser proporcional al delito que sancione y al bien jurídico protegido. Por esto mismo, se han presentado casos que, al ampararse, se le restituyen al agresor los derechos que tuviese con la víctima, vulnerando los derechos de las víctimas y revictimizándolos.
“Es urgente resolver esta problemática y brindar certeza jurídica, ya que, al existir lagunas legales en estos casos, los más afectados son las niñas, niños y adultos mayores, cuando ellos realmente no tienen la culpa de nada, lo que buscamos es salvaguardar la integridad de la familia, que es el núcleo de toda sociedad y fortalecer el estado de derecho, creando los mecanismos correspondientes para que la ley se cumpla”, dijo Treviño Cantú.