Diputados modifican Código Penal en NL para invalidar derechos civiles a violentadores

Esta iniciativa fue presentada por el diputado priista Javier Caballero Gaona, presidente de la Comisión de Justicia y Seguridad Pública.

Quienes cometan un delito no podrán reclamar sus derechos familiares o civiles sobre sus víctimas.
Quienes cometan un delito no podrán reclamar sus derechos familiares o civiles sobre sus víctimas. Créditos: CANVA
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Monterrey.- A manera de impedir que quienes cometan un delito reclamen sus derechos familiares o civiles sobre sus víctimas, diputados del Congreso de Nuevo León realizaron modificaciones al Código Penal local.

Las reformas impulsadas por la Comisión de Justicia y Seguridad Pública, presidida por el priista Javier Caballero Gaona, plantean modificar artículos como el 46, 199, 204, 204 bis o 299 para corregir estas lagunas legales que permitían a los delincuentes pelear sus derechos hereditarios, de alimentos, patria potestad, tutela o curatela.

El legislador tricolor explicó en tribuna que el Código Penal contempla que cuando una persona cometa el delito de violación, incumplimiento de obligaciones alimentarias, violencia familiar, lesiones a menores de 12 años y adultos mayores o feminicidios, es sujeto a perder estos derechos con respecto a la víctima.

“La manera en que estaba redactada dicha sanción, al no establecer parámetros temporales y representar una sanción indefinida y vitalicia, resultaba contraria a aquello dispuesto en el artículo 22 constitucional, mismo que prohíbe las penas trascendentales, por lo que resultaba inaplicable”, explicó Caballero.

 


El artículo 22 de la Constitución Mexicana dice que “...Toda pena deberá ser proporcional al delito que sancione y al bien jurídico afectado”, pero el expediente legislativo sostiene que el Código Penal estatal contempla una sanción indefinida, lo cual vulnera el derecho humano del agresor a la certidumbre jurídica.

En este sentido, Javier Caballero explicó que este escenario ocasiona que quienes cometen un delito logran ampararse para que les sean restituidos estos derechos.

“En aras de corregir dicha situación y combatir la impunidad, el Grupo Legislativo del PRI ha presentado la propuesta para establecer que los derechos que el agresor pudiese tener con la víctima, al no poder ser invalidados de manera absoluta, sean ahora suspendidos por el mismo periodo que dure la pena de prisión”, manifestó el priista.

 

El dictamen fue aprobado por unanimidad con 38 votos a favor.