Piden iniciar un juicio político contra magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa

La solicitud fue presentada ante el Congreso local por los diputados federales José Luis Garza Ochoa y Annia Gómez.

José Luis Garza Ochoa y Annia Gómez, diputados federales del PRI y del PAN, respectivamente.
José Luis Garza Ochoa y Annia Gómez, diputados federales del PRI y del PAN, respectivamente. Créditos: Selene Gaytán / ABC Noticias.
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Monterrey.- José Luis Garza Ochoa y Annia Gómez, diputados federales del PRI y del PAN, respectivamente, solicitaron ante el Congreso Local iniciar un juicio político en contra de dos magistrados de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado.

Según el también dirigente estatal del PRI, la magistrada Ethel Maldonado Guerra y Roberto Rodríguez Garza, afectaron la constitución y las leyes al sesionar sin quórum legal, y restar facultades a la Tercera y Cuarta Sala del Tribunal.

“La justicia definitivamente debe ser imparcial y ellos sesionan sin contemplar como establece la ley, los tres magistrados sesionan solamente dos, y entonces modifican y hacen un acuerdo para que puedan caer los asuntos en litigio con los magistrados que ellos decidan”.

Además, acusan a la magistrada Maldonado Guerra de conflicto de intereses, al contratar a un hijastro y a la novia del mismo dentro del Tribunal, con un salario 100 veces mayor al que obtenía en un puesto anterior.

La diputada panista, Annia Gómez, resaltó que en el Estado existe una pauta de no respetar la ley y la división de poderes y las instituciones, y agregó que es inaceptable que dos salas se vean limitadas en funciones, por la decisión de dos magistrados de solo comunicarles juicios orales.

“Nos parece muy grave que dos magistrados por órdenes de quién sabe quién, quieran que los asuntos que tienen que llegar y ser de conocimiento de todos los magistrados, pues que ellos quieran decidir quienes sí puedan tener conocimiento de esos asuntos y quienes no”, declaró.

Ethel Maldonado Guerra ya había sido señalada por el ejercicio abusivo de funciones y uso ilícito de atribuciones y facultades al integrar a su hijastro al Tribunal, y en mayo del 2023, el Congreso Local aprobó su desafuero, a petición del fiscal anticorrupción, Javier Garza y Garza.