Monterrey.- La disputa por la Defensoría Pública del Estado continúa un año después, y ahora el Poder Ejecutivo salió a asegurar que, por un precedente judicial, el instituto sigue siendo del gobierno.
Javier Navarro Velasco, secretario general de gobierno, dijo en rueda de prensa desde Palacio de Cantera que recientemente un juzgado federal rechazó un amparo promovido por Luis Alberto García Alcántar.
Este perfil fue designado como titular de la defensoría por el Poder Judicial del estado el 14 de abril del año pasado cuando se avaló la transición del instituto entre los poderes.
Navarro también destacó que la Suprema Corte de Justicia resolvió que el decreto 341 que contiene cambiar el control del instituto que aprobó el Congreso de Nuevo León no tuvo efectos, y fue por ello que no trascendió el amparo de García Alcántar.
“La defensoría de oficio depende del Ejecutivo del Estado, históricamente así ha sido, pero a través de los procedimientos en el legislativo, se trataron mediante los decretos 340, 341 y 342 (…) de cambiar la defensoría pública al Poder Judicial.
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“Lógicamente ellos pusieron a un supuesto director, ese director va a promover un juicio de amparo y se le niega porque dice el Poder Judicial Federal que esos decretos no están en vigor”, dijo.
El funcionario detalló que fue el 26 de marzo cuando se sobreseyó el procedimiento. El año pasado el Congreso de Nuevo León a manos del PRI y PAN puso en marcha reformas con las que buscó traspasar el control del Instituto de Defensoría Pública del Poder Ejecutivo al Judicial.
Al mismo tiempo, el Poder Ejecutivo consiguió una orden a su favor de la Suprema Corte de Justicia para frenar esta transición hasta que el asunto se resuelva de fondo.