Monterrey.- Arturo Salinas Garza, titular del Poder Judicial en Nuevo León, fue denunciado ante la Cámara de Diputados, por presuntas violaciones a la ley.
El ciudadano, identificado como Pablo Alberto Vázquez Esquivel, solicitó un juicio político contra el también exdiputado del PAN, acusándolo de haber incumplido los principios de división de poderes, imparcialidad, independencia, legalidad y objetividad del Poder Judicial.
Documentos en poder de ABC Noticias constatan que Vázquez presentó la petición ante las autoridades, y que la denuncia fue ratificada este 23 de abril.
En cuanto a los delitos en los que presuntamente incurrió Salinas, se tratarían de la “aceptación del cargo de gobernador interino: por flagrante violación a la división de poderes y a la forma de gobierno republicano”.
Así como la “injerencia en el otorgamiento de suspensiones en diversas controversias de inconstitucionalidad en materia electoral promovidas ante el Poder Judicial, violentando claramente las facultades del Tribunal Electoral del Estado de Nuevo León. Adicional a su falta de profesionalismo al no reconocer su impedimento legal para conocer de las mismas ya que fueron promovidas por integrantes del partido político al que pertenece”, señala el escrito.
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Aunque en los oficios no se detallan las acciones del funcionario, lo anterior se da a seis meses de que Samuel García solicitara licencia para retirarse del gobierno estatal, a fin de buscar la candidatura presidencial por Movimiento Ciudadano.
El Congreso local seleccionó a Salinas Garza, presidente del Tribunal Superior de Justicia, como gobernador interino de Nuevo León, el 25 de octubre del año pasado, mismo día en el que tomó protesta para cubrir la ausencia temporal de García.
Posteriormente, aseguró que procedería en lo jurídico para que se reconociera su nombramiento como gobernador interino, y añadió que una vez que Movimiento Ciudadano interpusiera los recursos en su contra y lo llamaran, daría seguimiento a la petición.
Tres semanas después, la Sala Superior del Tribunal Federal Electoral (TRIFE) determinó que éste era ilegible para sostener el cargo.
Cabe señalar que no es la primera denuncia en su contra, pues en enero de este año se dio a conocer que había sido denunciado por los presuntos delitos de enriquecimiento ilícito y coalición, ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, y que Roberta Carrillo, entonces precandidata a una diputación local por Movimiento Ciudadano, era la parte inconforme.