Monterrey.- Los alcaldes de Monterrey, Escobedo y San Nicolás de los Garza llevarán este día al Congreso del Estado una iniciativa de reforma a la Ley de Coordinación Hacendaria. La intención de la propuesta es modificar de manera sustancial la distribución de recursos entre el gobierno estatal y los municipios.
La propuesta plantea el incremento de las participaciones federales que se transfieren a los ayuntamientos, pasando del 20% al 25%.
También se busca elevar la proporción del Impuesto Sobre Nómina (ISN) que reciben los municipios, de 6.28% a 30%. El objetivo de estas modificaciones es fortalecer la capacidad financiera y operativa de los municipios.
Dentro de la iniciativa también se contempla la creación de un 'Fondo General Participable'. Este fondo estaría destinado a obra pública municipal. Se integraría con el 50% de los excedentes de ingresos propios que registre el estado en cada ejercicio fiscal.
Adicionalmente, la propuesta incluye un Fondo de Participación Registral y Catastral. Este se conformaría con el 30% de los ingresos netos del Instituto Registral y Catastral, una vez cubiertos los gastos de operación del instituto. Los recursos de este fondo serían repartidos entre los municipios.
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En cuanto a los recursos derivados del Control Vehicular, el proyecto establece aumentar la participación municipal a 1.6 cuotas por cada vehículo registrado. Actualmente se entregan 0.6 cuotas. La distribución de estos recursos se realizaría con base en una nueva fórmula. Dicha fórmula considera factores como población, eficiencia recaudatoria y aportación al Producto Interno Bruto del estado.
La iniciativa contempla la inclusión de un monto mínimo garantizado de 20 millones de pesos para los municipios rurales o no metropolitanos. El objetivo es reducir desigualdades y asegurar condiciones básicas de funcionamiento.
El documento cuenta con el respaldo de los alcaldes Andrés Mijes, de Escobedo; Adrián de la Garza, de Monterrey; y Daniel Carrillo, de San Nicolás. Los ediles, representantes de distintas fuerzas políticas, coincidieron en que la propuesta no busca generar confrontación con el ejecutivo estatal.
En la exposición de motivos, los alcaldes señalan que la intención es construir un esquema de coordinación fiscal más justo y transparente. Este esquema permitiría a los municipios contar con recursos suficientes, reglas claras y certidumbre financiera, sin afectar las atribuciones del estado. Subrayan que la distribución de fondos debe basarse en criterios objetivos y no en afinidades políticas.
Asimismo, los ediles advierten que los retrasos o la retención de recursos afectan directamente la capacidad de los ayuntamientos para cumplir con sus funciones. Esto repercute en la atención de servicios y en la calidad de vida de la ciudadanía. Con esta reforma, los alcaldes buscan abrir un debate legislativo para avanzar hacia una relación más equitativa y responsable entre el estado y los municipios.