Ciudad de México.- La Ley para la Transparencia, Prevención y Combate de Prácticas Indebidas en Materia de Contratación de Publicidad, fue invalidada completamente por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Lo anterior ocurrido debido a que en la Cámara de Diputados y en el Senado se cometieron varias violaciones al proceso legislativo.
Una de ellas fue que el dictamen no fue repartido con anticipación para que fuera analizado y debatido por los diputados y senadores al momento de su presentación, es decir, los ministros no analizaron si, en el fondo, la ley era o no constitucional.
El proyecto fue realizado por el ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo y fue avalado con 8 votos a favor y 3 en contra. Los ministros que votaron en contra fueron Loretta Ortiz Ahlf, Yasmín Esquivel Mossa y Arturo Zaldívar.
¿De qué trata esta ley?
La ley fue vigente desde junio de 2021 y su objetivo es regular la actuación de las agencias para prohibirles revender espacios de publicidad, además de que obliga a los medios de comunicación a facturar directamente al anunciante, sin ninguna mediación.
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“No todas las violaciones al procedimiento legislativo tienen efecto invalidante, tienen que ser suficientemente graves porque hay que ser un principio de autonomía y de trabajo del congreso, del legislador democráticamente electo.
" Nosotros no somos electo democráticamente, de tal suerte que el sustento de nuestras decisiones tiene que estar en la Constitución y solamente cuando se afecta el debate democrático o las reglas esenciales del procedimiento me parece que nos es estable invalidar un procedimiento legislativo, de lo contrario, desde mi punto de vista, creo que estamos en una cuestión de cuestionable legitimidad democrática y de afectación a la división de poderes”, señaló el ministro Arturo Zaldívar.
Por su parte la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Lucía Piña Hernández, señaló que no compartía los comentarios de Zaldívar.
“Respetuosamente no comparto, respetuosamente, los comentarios de qué nosotros no somos electos democráticamente. Es un sistema establecido en la Constitución y tampoco comparto que realizar nuestra labor como tribunal constitucional implique una afectación a la división de poderes, con todo respeto.”