La Fiscalía ha solicitado que los exentrenadores del Barcelona, Luis Enrique Martínez y Ernesto Valverde declaren como testigos en el caso Negreira, según confirmaron a EFE fuentes judiciales.
El fiscal quiere que se cite a declarar a ambos entrenadores para que confirmen o desmientan que existieron informes sobre el perfil de los colegiados que presuntamente elaboraba para el Barça el que entonces era vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros, José María Enríquez Negreira.
Enríquez Negreira facturaba estos supuestos informes a través de la empresa Dasnil 95 SL, que facturó al FC Barcelona 6,6 millones de euros entre 2001 y 2018, cuando la entidad azulgrana dio por finalizada su relación mercantil con el excolegiado.
Valverde ya declaró hace unos días en rueda de prensa que no tiene conocimiento de dichos informes ni accedió a ellos como entrenador del Barça.
Luis Enrique, exseleccionador español, todavía no se ha pronunciado sobre el caso.
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Investigarán pagos de la RFEF al hijo de Negreira
Por su parte, el juez de la Audiencia Nacional que investiga a la anterior cúpula de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) ha ordenado una serie de diligencias para conocer los pagos de esa entidad entre 2011 y 2016 a Javier Enríquez Romero, hijo de José María Enríquez Negreira.
Fuentes jurídicas han confirmado a EFE que el juez ha dictado una providencia en la que solicita a la Intervención General del Estado que amplíe el informe relativo al pago de 4.400 euros al hijo del que fuera vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA) por labores de "coaching" a los árbitros.
El juez Alejandro Abascal investiga a la antigua directiva de la RFEF, presidida por Ángel María Villar, el denominado caso Soule, y, además de pedir ese peritaje de Hacienda, ha reclamado que la Federación entregue nueva documentación sobre esos pagos.
Se trata de una investigación distinta a la que la Fiscalía ha llevado a cabo sobre el exvicepresidente del CTA, que también salpica a su hijo.
La decisión del juez responde a la petición de LaLiga por si existió un desvío de los fondos que la patronal abona a la entidad federativa, una investigación que también ha reclamado la Fiscalía.