Los Ángeles.- El Estado de Texas demandó este martes al gobierno del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, por permitir que los agentes de la Patrulla Fronteriza corten el alambre de púas colocado por ese estado en su frontera con México.
El fiscal estatal Ken Paxton aseguró en un comunicado que los agentes de la Patrulla Fronteriza “regularmente” cortan la cerca de alambre y a veces “inmediatamente” después de que trabajadores de Texas han colocado alambre nuevo para cubrir los huecos existentes.
Sostuvo que al cortar el alambre de púas el "Gobierno federal no solo ha destruido ilegalmente la propiedad del Estado de Texas, sino que también ha interrumpido los esfuerzos de disuasión" del gobernador Greg Abbott para detener la inmigración indocumentada.
Paxton sostuvo que Texas "tiene el derecho soberano de construir barreras fronterizas para impedir la entrada de extranjeros ilegales".
La demanda fue presentada contra al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y su titular, Alejandro Mayorkas, así como contra la Patrulla Fronteriza y varias otras agencias y funcionarios que de acuerdo con el fiscal ayudaron y alentaron los cruces fronterizos ilegales.
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Con la querella Paxton ha pedido al Tribunal Federal del Distrito Oeste de Texas que prohíba a las autoridades federales “continuar destruyendo y dañando propiedad privada”.
El alambre de púas colocado a lo largo del río Grande (río Bravo en México) por Texas ha sido criticado por defensores de los derechos humanos, quienes advierten que estas barreras ponen en peligro a los migrantes.
El Gobierno de Biden y Texas sostienen otra batalla legal por la instalación de una barrera de boyas en el río Grande en julio pasado. EFE
Termina cumbre migratoria; AMLO y líderes latinoamericanos piden respetar el derecho a migrar
La cumbre migratoria de México y otros 11 países latinoamericanos concluyó el pasado domingo 22 de octubre con una declaración conjunta que rechazó las "medidas coercitivas", la promesa de respetar el derecho humano a migrar y la petición de más alternativas legales para la migración.
La declaración conjunta, con 13 puntos de acuerdo, la firmaron los jefes de Estado de Colombia, Cuba, Haití, Honduras y Venezuela, el vicepresidente de El Salvador y el viceprimer ministro de Belice, así como ministros de Costa Rica, Ecuador, Guatemala y Panamá, que se reunieron en Palenque (Chiapas) con el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador.
Los gobiernos latinoamericanos argumentaron que “factores externos, como las medidas coercitivas unilaterales de naturaleza indiscriminada, afectan negativamente a poblaciones enteras y en mayor medida a las personas y comunidades más vulnerables”, según el posicionamiento leído por Bárcena.
En este sentido, consensuaron "solicitar a los países de destino la ampliación de las vías regulares, ordenadas y seguras de migración con especial énfasis en la movilidad laboral y promover la reintegración y el retorno de los trabajadores temporales".
También alegaron que las medidas "selectivas" estimulan la migración irregular, en referencia a las políticas de Estados Unidos que prevén asilo para ciertos solicitantes de países como Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela, pero contemplan la deportación inmediata del resto.
“(Concordamos) hacer un llamado a que los países de destino adopten políticas y prácticas migratorias acordes con la realidad actual de nuestra región y abandonen aquellas inconsistentes y selectivas, para evitar producir arbitrariamente tanto efectos llamada como efectos disuasivos, tales como la regularización de ciertas nacionalidades", indicó Bárcena.