Venezuela.- El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció una consulta popular programada para el próximo 15 de diciembre con el objetivo de elegir a jueces de paz en los “circuitos comunales” del país.
Según el mandatario, esta iniciativa busca avanzar en la “transformación y democratización del sistema de justicia”. Los aspirantes a jueces serán seleccionados en su mayoría por el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), tal como ocurrirá con la reforma judicial que se implementará en México.
El anuncio, realizado por Maduro durante su programa radial Maduro Live, llegó apenas 26 días antes de la toma de posesión del presidente electo tras los comicios celebrados el pasado 29 de julio.
Maduro se declaró vencedor en esas elecciones, un resultado respaldado por el Poder Judicial y el organismo electoral, ambos controlados por su gobierno, aunque no se presentaron las actas de votación requeridas por la ley.
Por su parte, el candidato opositor Edmundo González Urrutia presentó copias certificadas de las actas de votación, avaladas con huella electrónica, que según él demuestran su victoria con el 67 % de los votos, frente al 31 % obtenido por Maduro.
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Estas cifras fueron confirmadas por el Centro Carter, único observador internacional de los comicios. La consulta para elegir jueces de paz ha sido interpretada por la oposición como una estrategia de Maduro para desviar la atención del conflicto electoral en curso.
González Urrutia, quien se encuentra exiliado en España ante posibles represalias, afirmó que asistirá a su juramentación como presidente de Venezuela el próximo 10 de enero.
Entretanto, Maduro asegura que él asumirá un tercer mandato consecutivo ese mismo día. De acuerdo con el anuncio de Maduro, la consulta abarcará al menos mil distritos comunales y se prevé la elección de alrededor de seis mil jueces comunitarios, encargados de mediar en conflictos locales.
El régimen chavista mantiene un férreo control sobre el sistema judicial venezolano, con el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) compuesto exclusivamente por miembros afines al gobierno.
Este organismo cuenta con la facultad de destituir a cualquier juez que emita resoluciones contrarias a los intereses del Ejecutivo.