Monterrey. - El Tribunal Superior de Justicia de Nuevo León (TSJNL) determinará si la petición de consulta popular presentada por el gobernador Samuel García cumple con los requisitos de legalidad y trascendencia para intervenir en la designación del Fiscal General del Estado.
Mediante un comunicado, El Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Nuevo León (IEEPCNL) señaló las alternativas que tiene el Tribunal Superior de Justicia local, quien en el supuesto de resolver que sea legítimo, podrá remitir directamente al Congreso del Estado, en términos del Artículo 59.
“Es armónico con la Constitución Local y la Ley de Participación Ciudadana, y en consecuencia, cuando el Instituto reciba una petición de consulta deberá remitir de manera inmediata al Pleno del TSJNL”, se detalló en el comunicado del IEEPCNL.
“En caso de determinar la ilegalidad o intrascendencia de la petición de consulta, podrá comunicarlo al IEEPCNL para su archivo como asunto concluido, tal como lo establece la Ley de Participación Ciudadana”, señaló el órgano electoral.
El acuerdo signado, indicó que el instituto tendrá a su cargo organizar, desarrollar, vigilar y computar los resultados de participación ciudadana que prevé la legislación local, en la que se incluye la consulta popular.
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Estableció la competencia del órgano electoral para recibir ese tipo de solicitudes, la radicación de la petición de consulta popular en un expediente para su seguimiento, su legitimación y cumplimiento de requisitos, y por último, la remisión con la siguiente especificación:
“Se ordena remitir el presente expediente y la consulta solicitada por el Ejecutivo cuyo objetivo planteado es ‘Determinar si tienen lugar las reformas respecto a conservar facultad del Gobernador del Estado para intervenir en el proceso para la designación del Fiscal General del Estado”.
“Del artículo 159 fracción II de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León’, al Pleno del Tribunal Superior de Justicia de Nuevo León, a través de su Magistrado Presidente, para que dentro del plazo legalmente establecido resuelva sobre la legalidad de la petición de consulta popular presentada por el titular del Ejecutivo del Estado”.
“Y en su caso, remita al H. Congreso del Estado de Nuevo León, para efectos de la emisión de convocatoria correspondiente, de conformidad con el artículo 59, fracción I de la Constitución Local, o bien, notifique a este Instituto para su archivo definitivo conforme al artículo 29, fracción III de la Ley de Participación Ciudadana”, señala el comunicado.