Monterrey.- Luego de que ABC Noticias evidenciara la venta de títulos universitarios por internet a través de Facebook, legisladoras locales del PRI y de Movimiento Ciudadano, solicitaron la intervención de la Fiscalía de la República y la Estatal, para que realicen una investigación de oficio para desmantelar esta red que opera en la modernidad.
Detallaron que para quienes se hacen pasar por una autoridad que expide títulos educativos sin serlo, o para quienes se atribuyen el carácter de profesionista sin serlo, el Código Penal del Estado de Nuevo León establece sanciones hasta de seis años de prisión y en el ámbito Federal penas hasta de ocho.
De acuerdo a la diputada de Movimiento Ciudadano, Iraís Reyes, esta es una situación que pone en riesgo a todos y las autoridades deben emprender acciones.
“Al final esto nos pone en riesgo a todos, porque contratas a alguien que esperas tenga un nivel profesional de cierto grado o calidad y al no tener un título, no estamos seguros de ese servicio, que puede incluso poner en riesgo nuestra vida, nuestra integridad y seguridad, por eso la Fiscalía ya que conoce de estas redes debe actuar y no seguir permitiendo que sigan operando”, comentó Iraís Reyes, legisladora de Movimiento Ciudadano.
Reiteró que es importante que las empresas, al contratar a su personal, verifiquen bien la validez de los documentos e informen a la Fiscalía en caso de detectar que una persona presente un documento falso.
Por su parte, la priista Perla Villarreal, exhortó a que la Secretaría de Educación solicite una investigación por parte de la Fiscalía para que tomen cartas en el asunto.
“Tienen su parte jurídica dentro de la Secretaría de Educación en la que deben de enfocarse a voltear a ver esta problemática y de qué manera se va a detener, hay que hacer un trabajo en equipo de diversa ??ndole, desde investigaciones con la Fiscalía y cómo puedes poner otro tipo de filtros para frenar esto”, indicó Perla Villarreal.
En este caso, señaló que tienen que existir consecuencias legales para ambas partes, tanto para las personas que compran los documentos, como para quien los vende.
Por su parte, July Mendoza, presidenta de la Unión Neolonesa de Padres de Familia, refirió que esta situación afecta el nombre y credibilidad de las Universidades.
“Lamentablemente esto le puede quitar credibilidad a las instituciones educativas que se han tardado años en tener reconocimiento nacional e internacional y le pegan a la credibilidad de las instituciones, entonces se tiene que hacer una investigación a fondo y crear esa cultura de la honestidad y del esfuerzo”, refirió la presidenta.
Al respecto, ambas legisladoras indicaron que en caso de detectar que algún funcionario público haya incurrido en alguno de estos delitos, las sanciones legales podrían ser mayores, además de la destitución de su cargo.